miércoles, 21 de junio de 2017

A propósito de la ruptura de relaciones diplomáticas de Panamá con Taiwán y la apertura de relaciones con China Popular: breve puesta en perspectiva



A propósito de la ruptura de relaciones diplomáticas de Panamá con Taiwán y la apertura de relaciones con China Popular: breve puesta en perspectiva

Foto de la canciller de Panamá Isabel Saint Malo de Alvarado con su homólogo chino Wang Yi durante una rueda de prensa, extraída de artículo de prensa de ABC

El pasado martes 13 de junio, Panamá anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimineto de relaciones con China (véase nota de El Pais).

Como es sabido, los Estados deciden de forma discrecional si desean entablar relaciones diplomáticas y de igual forma pueden optar por cesarlas. No existe ninguna norma internacional que obligue a un Estado a mantener relaciones diplomáticas con otro. Usualmente, el cese de relaciones diplomáticas se da a raíz de una profunda crisis política entre dos Estados: la última ruptura de relaciones diplomáticas en América Latina registrada tuvo lugar en el 2014 entre Venezuela y Panamá (véase breve nota nuestra al respecto publicada en Nodal), antecedida por la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela (2010) así como entre Ecuador y Colombia (2008).

Se lee usualmente en manuales de derecho internacional público o en artículos de doctrina que en el caso del establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos Estados son requeridos, mientras que la ruptura es unilateral:

"mientras que el establecimiento de relaciones diplomáticas requiere del consentimiento del otro Estado, la ruptura es un acto de carácter unilateral" (véase artículo de Carles Pérez-Desoy i Fages, p. 2).

En el caso del intenso juego político que libran China Popular y Taiwán, esta afirmación sufre algunas leves alteraciones en la medida en que abrir relaciones con uno de los dos significa de forma automática romperlas con el otro (algo que la literatura especializada designa por la expresión "switching recognition"). Ambos Estados asiáticos no permiten que, por alguna razón, un Estado mantenga durante un breve período de tiempo relaciones oficiales con ambos. Recientemente en Australia, en una reunión internacional sobre el comercio de diamantes, se pudo apreciar la dureza de esta exigencia (véase nota de prensa).

La ruptura con Taiwán (o con China Popular) reviste aspectos propios ya que no se asemeja a ningun otro tipo de ruptura de relaciones diplomáticas que pueda darse entre dos Estados atravesando una crisis política: se trata, de un día para otro, de cesar el reconocimiento oficial de un Estado como tal.

Después de Costa Rica en junio del 2007, Panamá se separa de esta manera de los restantes Estados de Centroamérica, quiénes mantienen sus lazos con Taiwán. En la actualidad, a nivel global, son 20 los Estados que aún reconocen diplomáticamente a Taiwán, a saber:

- Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Grenadinas en el hemisferio americano;

- así como, en el resto del mundo, Burkina Faso, Islas Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Salomon (Islas de), Suazilandia, Tuvalu y la Santa Sede (Vaticano).

América Latina y China Popular: Cuba seguida por un reconocimiento gradual

Vale la pena recordar que el primer Estado en reconocer en América Latina a China Popular fue Cuba, en 1960. En 1971, se adoptaría la resolución 2758 de la Asamblea General de Naciones Unidas que decidiría "restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas" (véase texto completo de esta resolución). El texto fue adoptado con 76 votos a favor, 35 en contra y 17 abstenciones entre los que se registra a Chile, Cuba, Ecuador, México y Perú - a favor -; a Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela - en contra; y a Argentina, Colombia y Panamá - abstinentes).

Despúes del tempranero reconocimiento de Cuba, seguirían Chile y Perú (ambos en 1971), y luego Argentina y México (en 1972), así como Brasil y Venezuela (ambos en 1974), y posteriormente Colombia y Ecuador (1980) así como Bolivia y Nicaragua (1985). Nótese la progresión sostenida en América Latina bajo la forma de "duplas" anuales, posiblemente como resultado de una hábil estrategia de las autoridades diplomáticas en Beijing, causando probablemente el desconcierto de las autoridades en Taipei.

Antes de Costa Rica en el 2007, el último Estado de América Latina que había procedido a reconocer a China fue Uruguay, casi 20 años antes, en febrero de 1988: sobre el caso uruguayo, véase este muy detallado artículo publicado en el 2007.

Donaciones taiwanesas en Centroamérica y el Caribe

Se informó en su momento que el Presidente de Costa Rica para el período 2002-2006 recibió fondos de Taiwán para financiar su campaña electoral (véase nota de prensa). De la misma forma que su antecesor para el período 1998-2002, quién recibió a su homólogo taiwanés en Costa Rica en agosto del 2000 y lo condecoró (véase nota de prensa). En el 2004, el que fuera Presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002 admitió que Taiwán también le financió su campaña con miras a ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos - OEA (véase nota de prensa). En este artículo sobre las diversas formas que tomaron las ayudas de Taiwán en Centroamérica y en el Caribe, se lee que:

"Regretfully, under both the KMT and the PDP administration, Taipei initiatives to secure connections with Central America and the Caribbean political elites have occasionally resorted to irregular practices, which have been even criticized in Taiwan. One of the countries most affected by this irregular behavior has been Costa Rica" (página 18).

La efectividad de las generosas donaciones taiwanesas puede explicar el caso peculiar de Nicaragua: el 7 de diciembre de 1985, sus autoridades reconocieron a China Popular al tiempo que suspendieron toda relación con Taiwán. En 1990, la Presidenta Violeta Chamorro optó por reconocer a Taiwán, obligando a China Popular a suspender de inmediato sus relaciones con Nicaragua, situación que se mantiene a la fecha (véase nota de El Pais del 8 de noviembre de 1990). De igual manera, después de 10 años reconociendo a China, Santa Lucía optó en el 2007 por entablar relaciones con Taiwán, provocando idéntica reacción de China (véase nota de prensa en inglés). Se concluye en este estudio sobre la peculiaridad del reconocimiento que Taiwán intenta obtener que:

"The diplomatic battle between the ROC and the PRC highlights several aspects of recognition that have not been adequately addressed in the literature. As evident from the number of countries switching recognition, recognition may not always include a normative element or a deeper commitment" (página 183).

Foto del canciller de Costa Rica, Bruno Stagno Ugarte, y del Presidente Oscar Arias Sánchez, al momento de anunciar la apertura de relaciones con China Popular en junio del 2007, extraída de nota de prensa

En el ámbito centroamericano, el gesto de Costa Rica del 2007 contribuyó a aislarla un poco más de sus socios regionales, al tener que ausentarse formalmente en varias reuniones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como la que tuvo lugar con presencia de las máximas autoridades taiwanesas (véase nota de prensa del 2007). Serán de ahora en adelante dos los ausentes a este tipo de reuniones, debiendo también prever Panamá modalidades en materia de protocolo cada vez que asista un delegado de Taiwán a un foro regional al que participe Panamá.

Embajadas de China y de Costa Rica en los últimos meses

Desde el 2007, las expectativas han crecido entre ambos Estados. En este documento elaborado por MIDEPLAN del año 2009, se detalla el "paquete" de ayuda y donaciones recibidas por parte de China, siendo el más emblemático el Estadio Nacional, donado por China a Costa Rica "llave en mano", construído por más de 800 operarios chinos, e inaugurado en marzo del 2011 (véase nota de prensa). Como en toda relación idílica que genera expectativas muy altas, el paso del tiempo puede contribuir a que la ilusión inicial dé paso a otra cosa.

Para el período 2007-2017, ya son cinco los embajadores enviados a Beijing por Costa Rica (iniciando en estos meses la primera mujer al mando de la Embajada de Costa Rica en Beijing), mientras que China cubre este mismo período con tres embajadores enviados a San José.

En el mes de marzo del 2017, se informó que el Embajador de Costa Rica en China fue cesado por falta de resultados (véase nota de CRHoy). En esa misma nota, se lee por parte del Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo de un sector empresarial y el estupor en sectores ecologistas costarricenses así como en círculos académicos preocupados por el insensato crecimiento de la producción de piña en Costa Rica desde el 2006:

Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).

Una nota del Semanario Universidad del mismo mes de marzo del 2017 detalla la destrucción de miles de hectáreas de bosque por parte de productores de piña, que las autoridades costarricenses ignoran en los censos oficiales (véase nota). El estudio "Expansión por omisión" del Estado de la Nación (2016) es en ese sentido más que revelador. Actualmente, Costa Rica lidera el mercado mundial de la piña con 2.126.929 toneladas exportadas: sus competidores en América Latina son Panamá, con tan solo 67.038 y Ecuador con 57.380 toneladas (véase informe de la UNCTAD 2016, p. 13). Un proyecto de más de 600 hectáreas de piña amenaza ahora sitios arqueológicos en la Zona Sur de Costa Rica (véase nota de prensa).

El comunicado de prensa de Panamá del 12 de junio y la reacción taiwanesa

En el comunicado oficial emitido por su Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá indica que: "A la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la República de Panamá y la República Popular China deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores" (véase texto completo del comunicado de Panamá reproducido al final de esta nota).

La reacción de Taiwán no se hizo esperar, procediendo a suspender de forma inmediata toda relación oficial con Panamá (véase comunicado de prensa de su MFA), por lo que en un segundo comunicado de prensa, con fecha del 15 de junio, Panamá dió a conocer las gestiones oficiales realizadas en favor de sus estudiantes en Taiwán, y que se lee como sigue:

Tras el anuncio del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Panamá y la República Popular China, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado ingentes esfuerzos para garantizar el bienestar de los panameños que cursan estudios con becas otorgadas por Taiwán.

Tras la realización de los encuentros interinstitucionales respectivos, y el contacto con todos los estudiantes que mantienen estas becas, la Cancillería de Panamá informa que el Gobierno de la República de Panamá, a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), ofrecerá la colegiatura y protección a estudiantes que han iniciado sus carreras en universidades de Taiwán, hasta la culminación de las mismas.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que como parte de establecimiento de relaciones diplomáticas, la República Popular China está en la disposición de recibir a todos los estudiantes panameños actualmente becados por Taiwán, ofreciéndoles la financiación según el estándar de la beca completa del Gobierno chino, reconociéndoles las materias ya cursadas en las universidades de Taiwán. Los panameños becados por Taiwán y no hayan iniciado aun los estudios, se beneficiarán con esta modalidad acordada.

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores han convocado a los padres de los estudiantes beneficiados con estas becas para una reunión informativa en conjunto con el IFARHU, donde se explicará a detalle el procedimiento a seguir. El encuentro será el lunes 19 de junio, a las 10:00 de la mañana en la sede de la Cancillería
".

Tal y como se puede observar, la misma China ofrece su ayuda a los estudiantes panameños en Taiwán y "está en la disposición de recibir a todos los estudiantes panameños actualmente becados por Taiwán". Un gesto generoso sin lugar a dudas, que intenta remediar la situación de becarios panameños en Taiwán, primeros afectados por este drástico cambio acaecido.

La situación de nacionales a raíz de un sorpresivo cese de relaciones oficiales entre dos Estados

Como es sabido, la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas (véase texto completo) prevé las garantías que el Estado receptor y el Estado acreditante deben respetar el uno y el otro en caso de ruptura de sus relaciones diplomáticas (véase artículos 45 y 46): estas disposiciones buscan resguardar, entre otros, el traslado del personal diplomático, así como el de los activos y de los archivos de las legaciones diplomáticas. Ninguna disposición de este instrumento internacional refiere a la situación de los nacionales de ambos Estados situados en el territorio del otro.

La angustia que viven varias familias panameñas desde la semana pasada recuerda la situación que se presentó en junio del 2007 con un centenar de estudiantes costarricenses becados en Taipei, los cuales debieron en algunos casos sufragar ellos mismos su regreso a Costa Rica al no contar con ningun apoyo de sus autoridades. En el caso de varios de ellos, les faltaba un mes para concluir sus estudios cuando se les notificó de la suspensión inmediata de su beca por parte de las autoridades universitarias taiwanesas.

Se ha intentado consultar algún artículo o trabajo de investigación público que recoja los diversos testimonios de estos estudiantes costarricenses y los de sus familias, que bien podría llevar el título "Atrapados en Taipei", sin mayor éxito a la fecha. Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores hacernos llegar información al respecto en caso de existir (al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com). En caso de no existir, se trata de una interesante veta a explorar para investigadores, que debería incluir la perspectiva jurídica y los arreglos a los que se procedió en el 2007 en Costa Rica: desconocer del día a la mañana a un Estado su calidad de Estado no es lo común para los servicios jurídicos de un aparato diplomático.

El cese de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Taiwán en junio del 2007 significó también la sorpresiva pérdida de empleos para 20 costarricenses participando a la gestión de diversos proyectos de la cooperación taiwanesa en Costa Rica. Para muchos becarios costarricenses, la validación de su título se atrasó varios años debido al abrupto cierre de la oficina de Costa Rica en Taipei. Con relación a trámites de ciudadanos taiwaneses en Costa Rica, el consulado de Taiwán en Panamá fue designado para asistir a los nacionales taiwaneses en Costa Rica.

La sombra de Nicaragua en el reconocimiento de Costa Rica

La dificil situación vivida por nacionales de ambos Estados se debe a la sorpresa que causó el establecimiento de relaciones entre Costa Rica y China a inicios del mes de junio del 2017.

En este cable confidencial hecho público por Wikileaks, se lee que Costa Rica se adelantó a reconocer a China por temores a que Nicaragua fuera el primero en la región centroamericana en hacerlo:

"On the Costa Rican side, Stagno,s Chief of Staff, Antonio Alarcon, was dispatched to Beijing to oversee the embassy opening there (although we understand he will not remain as ambassador). A confident-sounding Stagno told Ambassador Langdale on June 11 that the Arias administration expected the controversy about the sudden switch in relations to die down in a few weeks. "The decision has been made," he stressed. Stagno asserted that the recognition timing was partly driven by regional dynamics. The GOCR was under the impression that other Central American countries, including Nicaragua, were considering recognizing China. Costa Rica did not want to be in the position of "following Nicaragua" on this issue. This was "not just about trade," According to Stagno ".

En ese mismo cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en San José, se indica que ni el Ministro de Seguridad de la época, Fernando Berrocal, ni el Director de Migración, Mario Zamora, fueron advertidos del gesto de Costa Rica hacia China:

"12. (C) The GOCR was clearly not prepared to face the practical consequences of its political decision to embrace China. Like Minister of Public Security Fernando Berrocal (Ref A), Zamora was kept in the dark, despite his key portfolio".

Nótese la gran cantidad de información obtenida por la Embajada de Estados Unidos de parte del señor Zamora, quién, en el 2008, sustituiría a Fernando Berrocal como Ministro de Seguridad de Costa Rica.

Fondos taiwaneses e investigaciones en Costa Rica

En el ámbito estríctamente interno costarricense, se informó en el 2012 de una investigación de la Fiscalía General de la República(FGR) sobre el destino exacto de una donación de un millón de US$ de Taiwán a Costa Rica que pudo haber terminado, según indica la nota de prensa antes referida, en las arcas de una fundación privada (véase nota de prensa). En el mismo año 2012, esta misma fundación privada también fue objeto de una investigación por parte de un juez sobre una supuesta donación proveniente de una empresa minera canadiense de memoria poco grata en Costa Rica (véase nota de prensa). En este último caso, como en el anterior, la FGR optó finalmente por archivar los expedientes, confirmando la percepción de muchos sobre su peculiar accionar cada vez que se trata de asuntos que puedan afectar a ciertos sectores políticos costarricenses.

Siempre en Costa Rica, un estudio del Dr. Constantino Urcuyo publicado en el 2014 (véase estudio) señala que luego del entusiasmo inicial, las relaciones entre China y Costa Rica se han ido deteriorando, y ello debido a la dificultad encontrada para realizar grandes obras (proyecto truncado de refinería y laborioso proyecto de ampliación de la Ruta 32): según el autor de este informe,

"la lectura china del proceso de formulación y ejecución de políticas públicas en Costa Rica no ha sido la más afortunada. Los chinos se han acercado a la jerarquía política costarricense para lograr la aprobación de sus proyectos; la cultura centralizada de su sistema político los ha llevado a pensar que los contactos a nivel de cúpulas eran suficientes, con olvido de la densa maraña burocrática costarricense y de la importancia de la sociedad civil en la decisión de estos asuntos" (p. 5).

La normativa ambiental y los mecanismos de participación ciudadana que establece la legislación costarricense son posiblemente un ámbito desconocido para quiénes estan acostumbrados desde muchos años a llevar a cabo proyectos de gran envergadura de manera expédita y sin preocuparse mayormente por sus efectos ambientales: hoy los graves problemas de contaminación que aquejan a parte de la población china así lo ponen en evidencia.

Valiéndose por una parte de la experiencia de otros Estados con Costa Rica, y por otro del entusiasmo de las autoridades de comercio exterior de Costa Rica con tratados comerciales, China logró que en el 2015, Costa Rica ratificara el tratado bilateral de inversiones (TBI). Se trata de un instrumento que, al igual que muchos otros suscritos por Costa Rica, permitirá a empresas chinas concesionarias amenazar con una demanda internacional a Costa Rica en caso de ser necesario (véase al respecto nuestro breve estudio publicado en el OPALC en el 2015).

A modo de conclusión

De forma innegable, con este nuevo reconocimiento por parte de Panamá, China consolida su posición en América Central, 10 años después de obtener similar reconocimiento por parte de Costa Rica. Mientras tanto, Taiwán deberá redoblar de esfuerzos para evitar gestos similares a corto y mediano plazo: los altos montos que destina a apoyar los órganos regionales del SICA y la cooperación que brinda de forma bilateral a Estados de América Latina y del Caribe deberán ser revisados a raiz de la experiencia reciente vivida con Panamá. Ello sin olvidarse de generosas donaciones a las campañas de posibles futuros Jefes de Estado centroamericanos.





Texto del comunicado de prensa de Panamá, con fecha del 13 de junio del 2017

A la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la República de Panamá y la República Popular China deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores.

Los dos Gobiernos convienen en desarrollar los lazos amistosos entre ambos países sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos del otro, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica.

El Gobierno de la República Panamá reconoce que existe una sola China en el mundo, el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. El Gobierno de la República de Panamá rompe hoy mismo sus “relaciones Diplomáticas” con Taiwán, y se compromete a dejar toda relación o contacto oficial con Taiwán. El Gobierno de la República Popular China expresa su aprecio a la posición arriba mencionada del Gobierno de la República de Panamá.

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República Popular China acuerdan, a tenor de las estipulaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la práctica internacional, el envío pronto y mutuo de Embajadores y brindar, base de reciprocidad, toda la ayuda necesaria para la instalación en sus respectivas capitales de la Embajada de la otra Parte así como facilitar el desempeño de sus funciones.

Con la autorización de sus respectivos Gobiernos, los representantes de ambas Partes para la suscripción firman el comunicado en la ciudad de Beijing, a los trece (13) días del mes de junio de 2017, en dos ejemplares en los idiomas chino y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.




Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, con fecha del 13 de junio del 2017

The ROC government has terminated diplomatic relations with Panama with immediate effect to uphold national dignity Date: 2017/06/13 Data Source: Public Diplomacy Coordination Council June 13, 2017

No. 001   

The Republic of China has terminated diplomatic relations with the Republic of Panama with immediate effect June 13, in order to uphold the sovereignty and dignity of the nation. The ROC will close its embassy in Panama, recall its technical mission, and end all bilateral cooperation and aid programs. The ROC government expresses indignation and deep regret over Panama's unilateral decision to sever diplomatic relations with the ROC and establish ties with the authorities in Beijing.

Following more than a century of diplomatic ties, the government of Panama led by President Juan Carlos Varela─disregarding the longstanding bonds of solidarity and friendship between the peoples of the ROC and Panama and the long-term assistance in many areas provided by the ROC in support of Panama’s national development─caved in to Beijing and decided to switch its diplomatic engagement toward the Beijing authorities for economic gain. In a highly disrespectful manner, it left the ROC in the dark about its decision until the final moments. The ROC government strongly condemns Panama's act, and reiterates that it will not engage in checkbook diplomacy with the Beijing authorities.

In addition, the ROC government also vigorously protests and condemns the actions of the Beijing authorities, i.e., inducing Panama to break off relations with the ROC, interfering with the ROC diplomatic and international presence, and disrespecting the feelings of the Taiwanese people. As a constructive member of the international community, the ROC will remain committed to upholding peace and stability in the region, and will continue to promote steadfast diplomacy to expand its international participation and gain the international status it is entitled to. The Ministry of Foreign Affairs, and all of its diplomats at home and abroad, will not retreat in the face of challenges, and instead will work even harder in their firm dedication to safeguarding the national interest and protecting the people's wellbeing.
(E)

VENEZUELA: UN ÚLTIMO INTENTO EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA REUNIDA EN CANCÚN



La actual jefa de la diplomacia venezolana y el Secretario General de la OEA, abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017



Ante la imposibilidad de obtener los 23 votos en el marco de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada el pasado 19 de junio, Estados Unidos y México en las últimas horas de este 20 de junio intensificaron las gestiones en aras de obtener una resolución sobre Venezuela que pueda ser adoptada por 18 votos en el marco, esta vez, de la Asamblea General de la OEA (véase nota de El Universal). El pasado 31 de mayo, la misma Reunión de Consulta celebrada en Washington concluyó sin acuerdo, posponiéndose a una fecha ulterior (en este enlace oficial se pueden consultar los documentos circulados en esta cita así como los discursos de los 14 jefes de la diplomacia que se hicieron presentes el pasado 31 de mayo - ubicados en la parte final).

Con relación a los dos borradores de resolución que fueron votados el pasado 19 de junio en el marco de la Reunión de Consulta de cancilleres, el primer texto - propuesta de CARICOM - obtuvo el respaldo de 8 votos a favor, mientras que el segundo texto - propuesto por Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Perú - solamente 20 votos a favor (véase texto de ambos proyectos - versión en inglés - en esta nota anterior). En algun momento, se filtró a la prensa que Perú retiraba el texto que coauspició, colocándose en una situación ambígua con los demas Estados promotores del texto (véase nota de prensa peruana). Al haber sido México, Estado anfitrión de la cita, uno de los activos promotores del texto, el resultado obtenido exhibe la falta de pericia de su aparato diplomático.

La principal diferencia entre ambos textos radicó en la inclusión y condena que hace el segundo a una Constituyente en Venezuela, y la mención expresa a presos políticos. El primer texto por su parte omite toda referencia a estos dos aspectos, y precisa que toda acción que se prevea en Venezuela deberá contar con la anuencia de sus autoridades. Como se puede apreciar, son diferencias sustanciales, por lo que los esfuerzos para negociar un texto único de consenso culminaron sin mayor éxito el pasado 19 de junio entre las 34 delegaciones presentes.

Como se puede apreciar, la medición de fuerzas no ha permitido a quiénes auspician una resolución que condene expresamente la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela que su objetivo prospere. La presión diplomática se ha tornado más intensa conforme se acerca la finalización de esta Asamblea General de la OEA, prevista para este 21 de junio. Uno de los Estados más solicitados al parecer es El Salvador (véase nota de prensa) y Haití en América Latina, así como algunos Estados Miembros del CARICOM. Se ignora si además de Perú, otros Estados están también reconsiderando su posición con relación al texto sometido a votación el pasado 19 de junio que reunió 20 votos. Una vez finalizada la Asamblea General, se espera poder conocer el tipo de presiones recibidas por estos y otros Estados por parte de la administración del Presidente Donald Trump.

Desde el punto de vista estríctamente político, el trasladar la propuesta hecha a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a otro órgano como la Asamblea General constituye un ejercicio riesgoso, en la medida en que:

a) se trata de una propuesta de última hora con poco tiempo para garantizar los votos a su favor necesarios para su adopción y ;

b)
en el primer foro, sólo había un solo tema de agenda: la situación imperante en Venezuela; mientras que la Asamblea General vota una gran cantidad de resoluciones en cada cita anual sobre diversos temas del acontecer interamericano, incluyendo temas como Islas Malvinas, salida al mar de Bolivia, en los que los Estados negocian sus apoyos y los intercambian si necesario.

Más allá de las justas verbales sobre la situación en Venezuela a las que han procedido algunos cancilleres en sus respectivos discursos, los promotores de un texto enérgico sobre Venezuela deben medir el terreno político y prever también (desde ya) las consecuencias que podría tener la adopción tardía de su propuesta, en caso de que esta efectivamente fructifique.

De particular interés serán los párrafos de la propuesta inicial impulsada por Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Perú, con respecto a la resolución que adopte la Asamblea General de la OEA. De igual forma las probables notas en pié de página que algunas delegaciones elaboren para hacer ver su parecer, en el caso en que se logre adoptar esta resolución.

Caso contrario, es de esperar una reacción de júbilo por parte de Venezuela y de otros Estados cercanos a la posición que defienden las autoridades de Caracas, al tiempo que algunos deberán considerar los límites de una estrategia que consiste en mantener un discurso confrontativo sobre la realidad en Venezuela.

Nota de actualización: a media tarde de este 21 de junio, se informó por parte del Embajador de México en la OEA que quedó descartada una resolución por parte de la Asamblea General de la OEA sobre Venezuela (véase nota de El Nacional y nota de El Heraldo que concluye citando a una ONG de derechos humanos que refiere a una "victoria diplomática" de Venezuela).

viernes, 16 de junio de 2017

PANAMÁ ROMPE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON TAIWAN Y ABRE RELACIONES CON CHINA POPULAR



Panamá rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y abre relaciones con China Popular

Foto de la canciller de Panamá Isabel Saint Malo de Alvarado con su homólogo chino Wang Yi durante una rueda de prensa, extraída de artículo de prensa de ABC

Panamá anunció el pasado martes 13 de junio la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimineto de relaciones con China (véase nota de El Pais).

Se lee usualmente en manuales de derecho internacional público que:

"mientras que el establecimiento de relaciones diplomáticas requiere del consentimiento del otro Estado, la ruptura es un acto de carácter unilateral" (véase artículo de Carles Pérez-Desoy i Fages, p. 2).

En el caso del juego político entre China Popular y Taiwán, esta afirmación sufre algunas leves alteraciones en la medida en que abrir relaciones con uno de los dos significa de forma automática romperlas con el otro. Ambos Estados asiáticos no permiten que, por alguna razón, un Estado mantenga durante un breve período de tiempo relaciones oficiales con ambos.

Después de Costa Rica en junio del 2007, Panamá se separa de los 20 Estados que aún reconocen diplomáticamente a Taiwán, a saber:

- Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Grenadinas en el hemisferio americano;

- así como, en el resto del mundo, Burkina Faso, Islas Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Salomon (Islas de), Suazilandia, Tuvalu y la Santa Sede (Vaticano).

América Latina y China Popular: un reconocimiento gradual

Nótese que el primer Estado en reconocer en América Latina a China Popular fue Cuba, en 1960. Seguirían luego Chile y Perú (ambos en 1971), y luego Argentina y México (en 1972), así como Brasil y Venezuela (ambos en 1974), y posteriormente Colombia y Ecuador (1980) así como Bolivia y Nicaragua (1985). Nótese la progresión sostenida en América Latina bajo la forma de "duplas" anuales, posiblemente como resultado de una hábil estrategia de las autoridades diplomáticas en Beijing, causando el desconcierto de las autoridades en Taipei.

El último Estado de América Latina que había procedido a reconocer a China antes de Costa Rica (en el año 2007) fue Uruguay, casi 20 años antes, en febrero de 1988: sobre el caso uruguayo, véase este muy detallado artículo publicado en el 2007.

Donaciones taiwanesas en Centroamérica y el Caribe

Se informó en su momento que el Presidente de Costa Rica para el período 2002-2006 recibió fondos de Taiwán para financiar su campaña electoral (véase nota de prensa). De la misma forma que su antecesor para el período 1998-2002, quién en el 2004 admitió que Taiwán también le financió su campaña con miras a ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos - OEA (véase nota de prensa).

La efectividad de las generosas donaciones taiwanesas puede explicar el caso peculiar de Nicaragua: el 7 de diciembre de 1985, sus autoridades reconocieron a China Popular al tiempo que suspendieron toda relación con Taiwán. En 1990, la Presidenta Violeta Chamorro optó por reconocer a Taiwán, obligando a China Popular a suspender de inmediato sus relaciones con Nicaragua, situación que se mantiene a la fecha (véase nota de El Pais del 8 de noviembre de 1990). De igual manera, después de 10 años reconociendo a China, Santa Lucía optó en el 2007 por entablar relaciones con Taiwán, provocando idéntica reacción de China (véase nota de prensa en inglés).

En el ámbito centroamericano, el gesto de Costa Rica del 2007 contribuyó a aislarla un poco más de sus socios regionales, al tener que ausentarse formalmente en varias reuniones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como la que tuvo lugar con presencia de las máximas autoridades taiwanesas (véase nota de prensa del 2007). Serán de ahora en adelante dos los ausentes a este tipo de reuniones, debiendo también prever Panamá modalidades en materia de protocolo cada vez que asista un delegado de Taiwán a un foro regional al que participe Panamá.

Recientemente, en el mes de marzo del 2017, se informó que el Embajador de Costa Rica en China fue cesado por falta de resultados (véase nota de CRHoy). En esa misma nota, se lee por parte del Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo de un sector empresarial y el estupor en sectores ecologistas costarricenses así como en círculos académicos preocupados por el insensato crecimiento de la producción de piña en Costa Rica desde el 2006:

Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).

Una nota del Semanario Universidad del mismo mes de marzo del 2017 detalla la destrucción de miles de hectáreas de bosque por parte de productores de piña, que las autoridades costarricenses ignoran en los censos oficiales (véase nota). El estudio "Expansión por omisión" del Estado de la Nación (2016) es en ese sentido más que revelador. Actualmente, Costa Rica lidera el mercado mundial de la piña con 2.126.929 toneladas exportadas: sus competidores en América Latina son Panamá, con tan solo 67.038 y Ecuador con 57.380 toneladas (véase informe de la UNCTAD 2016, p. 13).

El comunicado de prensa de Panamá del 12 de junio y la reacción taiwanesa

En el comunicado oficial emitido por Panamá mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, se lee que: "A la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la República de Panamá y la República Popular China deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores" (véase texto completo del comunicado de Panamá reproducido al final de esta nota).

La reacción de Taiwán no se hizo esperar, procediendo a suspender de forma inmediata toda relación oficial con Panamá (véase comunicado de prensa de su MFA), por lo que en un segundo comunicado de prensa, con fecha del 15 de junio, Panamá dió a conocer las gestiones oficiales realizadas en favor de sus estudiantes en Taiwán, y que se lee como sigue:

Tras el anuncio del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Panamá y la República Popular China, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado ingentes esfuerzos para garantizar el bienestar de los panameños que cursan estudios con becas otorgadas por Taiwán.

Tras la realización de los encuentros interinstitucionales respectivos, y el contacto con todos los estudiantes que mantienen estas becas, la Cancillería de Panamá informa que el Gobierno de la República de Panamá, a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), ofrecerá la colegiatura y protección a estudiantes que han iniciado sus carreras en universidades de Taiwán, hasta la culminación de las mismas.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que como parte de establecimiento de relaciones diplomáticas, la República Popular China está en la disposición de recibir a todos los estudiantes panameños actualmente becados por Taiwán, ofreciéndoles la financiación según el estándar de la beca completa del Gobierno chino, reconociéndoles las materias ya cursadas en las universidades de Taiwán. Los panameños becados por Taiwán y no hayan iniciado aun los estudios, se beneficiarán con esta modalidad acordada.

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores han convocado a los padres de los estudiantes beneficiados con estas becas para una reunión informativa en conjunto con el IFARHU, donde se explicará a detalle el procedimiento a seguir. El encuentro será el lunes 19 de junio, a las 10:00 de la mañana en la sede de la Cancillería
".

La situación de nacionales a raíz de un sorpresivo cese de relaciones oficiales entre dos Estados

La Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas (véase texto completo) prevé las garantías que el Estado receptor y el Estado acreditante deben respetar el uno y el otro en caso de ruptura de sus relaciones diplomáticas (véase artículos 45 y 46): estas disposiciones buscan resguardar, entre otros, el traslado del personal diplomático, así como el de los activos y de los archivos de las legaciones diplomáticas. Ninguna disposición de este instrumento internacional refiere a la situación de los nacionales de ambos Estados situados en el territorio del otro.

La angustia que viven varias familias panameñas desde la semana pasada recuerda la situación que se presentó en junio del 2007 con un centenar de estudiantes costarricenses becados en Taipei, los cuales debieron en algunos casos sufragar ellos mismos su regreso a Costa Rica al no contar con ningun apoyo de sus autoridades. En el caso de varios de ellos, les faltaba un mes para concluir sus estudios cuando se les notificó de la suspensión inmediata de su beca por parte de las autoridades universitarias taiwanesas.

Se ha intentado consultar algún artículo o trabajo de investigación público que recoja los diversos testimonios de estos estudiantes y los de sus familias, que bien podría llevar el título "Atrapados en Taipei", sin mayor éxito a la fecha. Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores hacernos llegar información al respecto en caso de existir (al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com).

El cese de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Taiwán en junio del 2007 significó también la sorpresiva pérdida de empleos para 20 costarricenses participando a la gestión de diversos proyectos de la cooperación taiwanesa en Costa Rica. Para muchos becarios costarricenses, la validación de su título se atrasó varios años debido al abrupto cierre de la oficina de Costa Rica en Taipei. Con relación a trámites de ciudadanos taiwaneses en Costa Rica, el consulado de Taiwán en Panamá fue designado para asistir a los nacionales taiwaneses en Costa Rica.

La sombra de Nicaragua en el reconocimiento de Costa Rica

La dificil situación vivida por nacionales de ambos Estados se debe a la sorpresa que causó el establecimiento de relaciones entre Costa Rica y China a inicios del mes de junio del 2017.

En este cable confidencial hecho público por Wikileaks, se lee que Costa Rica se adelantó a reconocer a China por temores a que Nicaragua fuera el primero en la región centroamericana en hacerlo:

"On the Costa Rican side, Stagno,s Chief of Staff, Antonio Alarcon, was dispatched to Beijing to oversee the embassy opening there (although we understand he will not remain as ambassador). A confident-sounding Stagno told Ambassador Langdale on June 11 that the Arias administration expected the controversy about the sudden switch in relations to die down in a few weeks. "The decision has been made," he stressed. Stagno asserted that the recognition timing was partly driven by regional dynamics. The GOCR was under the impression that other Central American countries, including Nicaragua, were considering recognizing China. Costa Rica did not want to be in the position of "following Nicaragua" on this issue. This was "not just about trade," According to Stagno ".

En ese mismo cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en San José, se indica que ni el Ministro de Seguridad de la época, Fernando Berrocal, ni el Director de Migración, Mario Zamora, fueron advertidos del gesto de Costa Rica hacia China:

"12. (C) The GOCR was clearly not prepared to face the practical consequences of its political decision to embrace China. Like Minister of Public Security Fernando Berrocal (Ref A), Zamora was kept in the dark, despite his key portfolio".

Nótese la gran cantidad de información obtenida por la Embajada de Estados Unidos de parte del señor Zamora, quién, en el 2008, sustituiría a Fernando Berrocal como Ministro de Seguridad de Costa Rica.

Fondos taiwaneses e investigaciones en Costa Rica

En el ámbito estríctamente interno costarricense, se informó en el 2012 de una investigación de la Fiscalía General de la República(FGR) sobre el destino exacto de una donación de un millón de US$ de Taiwán a Costa Rica que pudo haber terminado, según indica la nota de prensa antes referida, en las arcas de una fundación privada (véase nota de prensa). En el mismo año 2012, esta misma fundación privada también fue objeto de una investigación por parte de un juez sobre una supuesta donación proveniente de una empresa minera canadiense de memoria poco grata en Costa Rica (véase nota de prensa). En este último caso, como en el anterior, la FGR optó finalmente por archivar los expedientes, confirmando la percepción de muchos sobre su peculiar accionar cada vez que se trata de asuntos que puedan afectar a ciertos sectores políticos costarricenses.

Siempre en Costa Rica, un estudio del Dr. Constantino Urcuyo publicado en el 2014 (véase estudio) señala que luego del entusiasmo inicial, las relaciones entre China y Costa Rica se han ido deteriorando, y ello debido a la dificultad encontrada para realizar grandes obras (proyecto truncado de refinería y laborioso proyecto de ampliación de la Ruta 32): según el autor de este informe,

"la lectura china del proceso de formulación y ejecución de políticas públicas en Costa Rica no ha sido la más afortunada. Los chinos se han acercado a la jerarquía política costarricense para lograr la aprobación de sus proyectos; la cultura centralizada de su sistema político los ha llevado a pensar que los contactos a nivel de cúpulas eran suficientes, con olvido de la densa maraña burocrática costarricense y de la importancia de la sociedad civil en la decisión de estos asuntos" (p. 5).

La normativa ambiental y los mecanismos de participación ciudadana que establece la legislación costarricense son posiblemente un ámbito desconocido para quiénes estan acostumbrados a llevar a cabo proyectos de gran envergadura de manera expédita y sin preocuparse mayormente por sus efectos ambientales. Valiéndose de la experiencia de otros Estados, China logró en el 2015 que Costa Rica ratificara el tratado bilateral de inversiones (TBI) entre China y Costa Rica, el cual permitirá a las empresas chinas concesionarias amenazar con una demanda internacional a Costa Rica en caso de ser necesario (véase al respecto nuestro breve estudio publicado en el OPALC en el 2015).

A modo de conclusión

Con este nuevo reconocimiento por parte de Panamá, China consolida su posición en América Central, 10 años después de obtener similar reconocimiento por parte de Costa Rica. Mientras tanto, Taiwán deberá redoblar de esfuerzos para evitar gestos similares en el futuro: los altos montos que destina a apoyar el SICA y la cooperación que brinda de forma bilateral a Estados de América Latina y del Caribe deberán ser revisados a raiz de la experiencia reciente vivida con Panamá. Ello sin olvidarse de generosas donaciones a las campañas de posibles futuros Jefes de Estado centroamericanos.





Texto del comunicado de prensa de Panamá, con fecha del 13 de junio del 2017

A la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la República de Panamá y la República Popular China deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores.

Los dos Gobiernos convienen en desarrollar los lazos amistosos entre ambos países sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos del otro, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica.

El Gobierno de la República Panamá reconoce que existe una sola China en el mundo, el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. El Gobierno de la República de Panamá rompe hoy mismo sus “relaciones Diplomáticas” con Taiwán, y se compromete a dejar toda relación o contacto oficial con Taiwán. El Gobierno de la República Popular China expresa su aprecio a la posición arriba mencionada del Gobierno de la República de Panamá.

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República Popular China acuerdan, a tenor de las estipulaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la práctica internacional, el envío pronto y mutuo de Embajadores y brindar, base de reciprocidad, toda la ayuda necesaria para la instalación en sus respectivas capitales de la Embajada de la otra Parte así como facilitar el desempeño de sus funciones.

Con la autorización de sus respectivos Gobiernos, los representantes de ambas Partes para la suscripción firman el comunicado en la ciudad de Beijing, a los trece (13) días del mes de junio de 2017, en dos ejemplares en los idiomas chino y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.




Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, con fecha del 13 de junio del 2017

The ROC government has terminated diplomatic relations with Panama with immediate effect to uphold national dignity Date: 2017/06/13 Data Source: Public Diplomacy Coordination Council June 13, 2017

No. 001   

The Republic of China has terminated diplomatic relations with the Republic of Panama with immediate effect June 13, in order to uphold the sovereignty and dignity of the nation. The ROC will close its embassy in Panama, recall its technical mission, and end all bilateral cooperation and aid programs. The ROC government expresses indignation and deep regret over Panama's unilateral decision to sever diplomatic relations with the ROC and establish ties with the authorities in Beijing.

Following more than a century of diplomatic ties, the government of Panama led by President Juan Carlos Varela─disregarding the longstanding bonds of solidarity and friendship between the peoples of the ROC and Panama and the long-term assistance in many areas provided by the ROC in support of Panama’s national development─caved in to Beijing and decided to switch its diplomatic engagement toward the Beijing authorities for economic gain. In a highly disrespectful manner, it left the ROC in the dark about its decision until the final moments. The ROC government strongly condemns Panama's act, and reiterates that it will not engage in checkbook diplomacy with the Beijing authorities.

In addition, the ROC government also vigorously protests and condemns the actions of the Beijing authorities, i.e., inducing Panama to break off relations with the ROC, interfering with the ROC diplomatic and international presence, and disrespecting the feelings of the Taiwanese people. As a constructive member of the international community, the ROC will remain committed to upholding peace and stability in the region, and will continue to promote steadfast diplomacy to expand its international participation and gain the international status it is entitled to. The Ministry of Foreign Affairs, and all of its diplomats at home and abroad, will not retreat in the face of challenges, and instead will work even harder in their firm dedication to safeguarding the national interest and protecting the people's wellbeing.
(E)

REUNIÓN DE CANCILLERES DE LA OEA SOBRE VENEZUELA REANUDARÁ EL 19 DE JUNIO DEL 2017

La actual jefa de la diplomacia venezolana y el Secretario General de la OEA, abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017



Aprovechando el inicio de la Asamblea General de la OEA que iniciará en Cancún (México) este próximo 19 de junio, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA sobre Venezuela se reanudará ese mismo día (véase nota de prensa).

A diferencia de otras Asambleas Generales de la OEA, que se realizan en la misma capital del Estado anfitrión, las autoridades de México han optado por otra solución, debiendo prever traslados adicionales para las delegaciones que no puedan llegar y salir con vuelos directos a Cancún desde sus respectivas capitales. Posiblemente Cancún sea además una sede en la que manifestaciones callejeras sean mucho menos visibles, y con un alcance menor al que se pueda tener en México DF: el descontento de una parte de la sociedad mexicana con sus autoridades es latente desde varios años, en particular cuando de derechos humanos y de obligaciones del sistema interamericano en esta materia se trata.

Por su lado, de gira en Centroamérica, el jefe de la diplomacia norteamericana llegó a cumplir una directriz de su Presidente, y exigir a los Estados de Centroamérica un mayor involucramiento sobre el tema de Venezuela, según este cable de EFE (véase nota de prensa). Se ignora si la nueva modalidad de la diplomacia norteamericana consiste ahora en hacer públicos sus llamamientos a otros Estados, en vez de recurrir a la discreción de los canales diplomáticos usuales. De última hora, se informó que el jefe de la diplomacia norteamericana ya no no viajará a Cancún (véase nota de prensa).

Cabe recordar que la Reunión de Consulta de Ministros en la OEA sobre Venezuela del pasado 31 de mayo del 2017 reunió a varios cancilleres de Estados Miembros de la OEA, con la notable excepción del de Estados Unidos y de la de Venezuela, entre otras ausencias, concluyendo sin lograr consensuar un texto final. Fueron dos los textos circulados: un proyecto de resolución circulado por los 15 Estados del CARICOM el mismo día de la reunión (Documento 1) y otro documento, prepararado con mayor antelación pero evidenciando premura en su redacción, propuesto por Canadá, Estados Unidos, México, Panamá y Perú (Documento 2, disponible al final de esta nota).

Políticamente, quiénes convocan a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores obtienen éxito en su gestión cuando logran que lleguen a la cita los titulares de esa cartera ministerial. Fracasan cuando no alcanzan un número significativo de estos. Se trata en efecto de convocar a los cancilleres de todo el hemisferio americano. Enviar a un(a) canciller desde su capital no es igual a enviar a su subalterno(a) (vice canciller) o a un(a) embajador(a). En ese sentido, la presencia física de los ministros durante la cita del pasado 31 de mayo fue la siguiente: los cancilleres acreditados que se hicieron presentes fueron en total 19, a saber los de Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Santa Lucía.

Tuvimos la oportunidad de analizar brevemente los alcances de la Reunión de Consulta de Ministros en la OEA, los de citas previas que convocaron en su momento Ecuador (2012), Costa Rica (2010) y Ecuador (2008), así como los resultados de la reunión celebrada el 31 de mayo pasado sobre la situación en Venezuela, en una nota anterior a la que remitimos a nuestros estimables lectores.

De manera a poder seguir el hilo conductor de esta nueva cita con relación a la anterior del 31 de mayo sobre la situación en Venezuela, reproducimos a continuación los dos proyectos de resolución circulados en aquella ocasión, en su versión en inglés. La principal diferencia entre ambos textos radica en la inclusión y condena que hace el segundo a una Constituyente en Venezuela, y la mención expresa a presos políticos. El primer texto por su parte precisa que toda acción que se prevea en Venezuela deberá contar con la anuencia de sus autoridades. Como se puede apreciar, son diferencias sustanciales, por lo que las negociaciones para obtener un solo texto se anuncian arduas.

De interés resultará también saber cuáles Estados ahora cambiarán de opinión, con base en qué criterios, y con base en qué hechos nuevos acaecidos en Venezuela después del 31 de mayo se añada eventualmente un nuevo párrafo, o se circule un nuevo borrador de resolución. Si Panamá fue el único Estado en Centroamérica en patrocinar el proyecto de resolución, se podrá apreciar cuán efectiva es la diplomacia de Estados Unidos al añadirse a la lista otros Estados de Centroamérica: se vaticina que, pasada la incómoda situación de Honduras (véase nuestra nota anterior sobre el insólito comunicado de uno de sus diplomáticos con relación a Venezuela), este Estado opte por coauspiciar el proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos, Canadá, México y Perú. El que el Estado anfitrión (México) sea auspiciante del texto puede también llevar a algunos Estados a aceptar esta vez añadir su firma. Según se informó, la diplomacia de México está desplegando intensas consultas y esfuerzos sobre el tema días previos a la cita hemisférica (véase nota de prensa): al parecer Estados Unidos ha optado por dejarle a México la delicada tarea de reunir 23 votos a favor de algun texto que se adopte sobre Venezuela, segundado por Argentina, cuyo canciller estrena sus funciones con una delicada misión en igual sentido (véase nota de prensa).

Como se puede observar, hay varios parámetros que explican que quiénes convocaron a esta máxima instancia en la OEA para debatir sobre Venezuela hace varios meses hayan ahora optado por intentar aprovechar del espacio que brinda una Asamblea General de la OEA. No obstante, el ejercicio no es exempto de riesgos, al tener la Asamblea General una agenda muy cargada que no siempre permite muchas dilaciones en sus debates.

Además, existe una incertidumbre con relación al formato de esta Reunión de Consulta de cancilleres, ya que es costumbre que una Asamblea General de la OEA inicie con una sesión inaugural en presencia de los cancilleres del hemisferio americano (denominado "segmento de alto nivel" en algunas ocasiones). Con esta nueva cita prevista para el 19 de junio para considerar el tema de Venezuela, se podrá apreciar a) quiénes hacen el viaje a Cancún desde su capital, b) quiénes no y c) quiénes hacen el viaje sin que su canciller asista necesariamente a la cita prevista sobre Venezuela.

Al ser la OEA una organización internacional en la que los intentos de improvisación procedimental suelen darse, no cabe duda que un laborioso fin de semana espera a los asesores legales de cada una de las 34 delegaciones de los Estados Miembros de la OEA.



DOCUMENTO 1

PROPUESTA DE RESOLUCION PRESENTADA POR EL CARICOM

DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

THE TWENTY-NINTH MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS,

Reiterating its commitment to the principles of non-interference and of non-intervention as set forth in the Charter of the OAS, as well as to representative democracy which is essential to the stability, peace, and development of the Region.

REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.

RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, including the principles of state sovereignty and independence, as enshrined in Article 3 of the Charter of the OAS

EXPRESSING:

Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community.

Its deep concern regarding the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition.

The urgent need to put in place a renewed process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith.

CALLS FOR:

1. The immediate cessation of violence and hostilities committed by any of the parties, especially those that could cause injury or loss of life.

2. The establishment of concrete plans for the restoration of peace and stability as soon as possible.

3. Absolute respect for human rights, the rule of law and the constitutional processes of Venezuela.

4. All parties to commit to engage in a renewed dialogue and negotiation leading to a comprehensive, political agreement with established timetables, concrete actions and guarantees to ensure its implementation for the wellbeing of the nation.

5. The Government of Venezuela to reconsider its decision to withdraw from the OAS.

DECLARES:

The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, as may be requested by the Government of Venezuela.

Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a renewed dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.

Its willingness to remain seized of the situation with due regard to the principles earlier enunciated




DOCUMENTO 2

DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

(Presented by the Permanent Missions of Peru, Canada, United States, Mexico, and Panama)

THE TWENTY-NINTH MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS,

REITERATING its commitment to representative democracy, which is essential for the stability, peace, and development of the region, as well as to the principles of non-intervention and solidarity, as set forth in the Charter of the Organization of American States (OAS).

REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.

RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, we invite Venezuela to reconsider its decision to withdraw from it.

EXPRESSING:

Its deep concern regarding the deterioration of the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition, as well as the need to address the humanitarian situation in the country.

(Its concern regarding the interruption of the democratic order, and) (PAR), The urgent need to put in place a new process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith, in order to establish concrete plans for the peaceful restoration of the democratic order as soon as possible.

Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community, (as requested by the parties by mutual agreement).

(AYB) CALLS FOR:

1. The immediate cessation of violence and hostilities committed by any of the parties, especially those that could cause injury or loss of life.

2. Absolute respect for human rights and the rule of law.

3. A halt to the convocation of a National Constituent Assembly as presently conceived.*

4. The cessation of arbitrary detention, respect for the due process of law, and the suspension of trials of civilians by military tribunals.*

5. The fulfilment of the commitments undertaken by the parties, made by the Working Groups during the previous process of national dialogue, with regard to the liberation of political prisoners, respect for the constitutional powers, and the establishment of an electoral calendar with the presence of international independent electoral observers.*

6. All parties to commit to a new process of dialogue and negotiation leading to a comprehensive, political agreement with established timetables, concrete actions and guarantees to ensure its implementation for the well being of the nation.

7. The government of Venezuela to seek international humanitarian assistance

DECLARES:

The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, including steps to provide humanitarian assistance, as may be requested, with support of organizations specialized in this area, and their readiness to establish a humanitarian support group for that purpose.

Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a new process of dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.

Its intention to remain seized of the situation.

*In consultation by the delegation of TT




-oOo-

lunes, 12 de junio de 2017

ENTRE INTIMIDACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN: EL CASO DE LA PROTESTA SOCIAL EN COSTA RICA



Entre intimidación y criminalización: el caso de la protesta social en Costa Rica

Una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina, desde varios años, busca considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo o cierre de calles, violencia callejera, daños a la infraestructura, difamación, etc...) a diversos líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. La discusión en Chile alrededor del proyecto de ley Hinzpeter entre el 2011 y 2013 ilustra esta tendencia (véase declaración pública de los estudiantes de la Facultad de Derecho de Valdivia y nota de Redseca).

Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación particular de los defensores de los derechos humanos en el continente: son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que las que suelen enfrentar sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas, entre muchos otros movimientos.

En otras palabras, quiénes buscan defender de forma colectiva reclamos legítimos no solamente deben sufrir todo tipo de amenazas e intimidaciones por parte de algunos sectores, sino además, las que se gestan desde el mismo Estado. A mayor cercanía del Estado con esos sectores, mayor es el riesgo de que estas acciones criminalizantes del Estado prosperen ... y que amenazas e intimidaciones de esos sectores se archiven o se desestimen.

En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee algo que comparten muchos integrantes de colectivos sociales latinoamericanos:

"El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física" (p. 24).

La protesta social en Costa Rica

En algunos informes sobre protesta social en América Latina, se puede leer, como en este informe auspiciado por el PNUD en el 2012, que : " "en estos casos, como Chile y Costa Rica, hay pocos conflictos sociales, no tanto por la ausencia de necesidades y demandas, sino por la débil capacidad de movilización de los actores sociales" (p. 27). Esta manera de enfocar el problema pareciera haber cambiado con el tiempo: hoy en Costa Rica, hay movilizaciones constantemente y las fotografías de fuerzas de seguridad anti-motines frente a cartones o pancartas sostenidos por gremios o comunidades organizadas han venido a formar parte del acontecer informativo. Una unidad académica registra, consigna y cuantifica estas acciones de protesta (véase sitio oficial).

¿Cómo ha reaccionado el Estado costarricense ante esos reclamos? Con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el mismo Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento). En mayo del 2017, nuevamente debió de pronunciarse en términos similares (véase pronunciamiento del 2 de mayo del 2017).

En el 2015, se leyó en este comunicado en favor de la liberación de Orlando Barrantes en Costa Rica que:

"Barrantes fue uno de los principales dirigentes de las luchas impulsada en el año 2000 por las y los trabajadores bananeros, afectados por un pesticida sumamente tóxico conocido como Nemagón, el cual produce terribles consecuencias para la salud humana. A Orlando Barrantes se le acusa de un secuestro de policías del cual no se tienen pruebas suficientes para una acusación. Sin embargo, Barrantes fue encarcelado y se mantiene en prisión preventiva pese a haberse mantenido durante todo el proceso judicial de más de quince años sin salir del país".

El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto

De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). Un estudio del Estado de La Nación pormenoriza la protesta ambiental en Costa Rica y sus causas en le período 1994-2013 (véase estudio).

A pocos días de acaecida la muerte de un jóven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Alvaro Sagot titulado "¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?" mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitímos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico).

Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinomericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza). Con relación a la pena de prisión impuesta a la dirigente argentina Milago Sala, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas señaló en el 2016 que:

"Resulta sorprendente para el Grupo de Trabajo que diversas personas han presentado denuncias penales en 2016 por hechos de los que el Estado argentino supuestamente tenía conocimiento desde 2010 a partir de una auditoría y que sus efectos legales y procesales surtan efectos justo en el contexto en el que la Sra. Sala participa en una protesta social pacífica, y particularmente días después de que un juez estuviera por decretar su excarcelación. Llama la atención también al Grupo de Trabajo la información recibida acerca de que una de las personas que denuncian a la Sra. Sala expresó que el testimonio lo ofreció por presiones y amenazas, al parecer porque dos de sus hijos están vinculados a delitos similares y respecto de quienes no ha habido consecuencias penales " (punto 107 de Resolución 31 del 2016, DocumentoA/HRC/WGAD/2016/31, disponible aquí. Escoger "S" para la versión en español).

Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado "Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012 Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio"

Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades

En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dió lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó "los que buscan camorra" (véase nota de La Nación).

En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a "ayudarla a luchar" contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los "malos costarricenses" opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada "trocha fronteriza": la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Alvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1).

En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, que evidenció un verdadero "contubernio Estado-empresa" (véase nota del Semanario Universidad), la cercanía geográfica de este proyecto con Nicaragua dio lugar a interesantes coincidencias que plantean algunas interrogantes:

- el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Contitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado "La mayor amenaza ambiental - El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales" suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18 de noviembre del 2009;

- la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010 en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto de su sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunión con organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.

Muertes de ecologistas e impunidad rampante

Con relación a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había recomendado a las autoridades que:

"El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes"

(véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pobremente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).

En sus recomendaciones finales, leemos (punto 67) que:

"El Experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica y de formular recomendaciones sobre la manera más adecuada de mejorar su protección. Tal iniciativa podría ser un modelo para muchos otros Estados respecto de la manera de abordar esta cuestión". Pocamente divulgadas en Costa Rica, esta y algunas otras recomendaciones muestran similar situación con relación a su implementación por parte de las autoridades costarricenses.

Al conmemorarse un año de la muerte de la lider indígena hondureña Berta Cáceres, en marzo del 2017, tuvimos la oportunidad de señalar que el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2).

La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente

Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su "delito"? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Pese a una fuerte movilización que trascendió incluso las fronteras (véase petición en línea del portal Change.org), el Ministerio Público mantuvo incólume la acusación penal contra los univesritarios.

Parte de las supuestas "pruebas" presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo así Costa Rica una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de ElPais.cr del 19 de mayo y nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). Si bien cinco fueron los imputados, más de treinta personas fueron capturadas durante la manifestación, como se puede apreciar en esta nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015:

"El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día".

Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que: "Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió".

La protesta social ante un debate público

En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripción editada por Surcos Digital), una mesa redonda fue dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica. En ella se analizó la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).

También se abordaron algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el lider comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que:

"Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia". La demanda penal por presunta difamación fue interpuesta en el 2009 por declaraciones dadas por Carlos Arguedas ante el Consejo Municipal de su localidad, acompañada de una demanda civil resarcitoria por 10 millones de colones (véase nota de Kioscos Ambientales).

En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara. En el 2015, cansadas de esperar desde el 2007 una resolución al problema del agua contaminada, las comunidades de Siquirres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase nota sobre audiencia celebrada en marzo del 2015).

La "técnica" consistiendo en no presentarse a audiencias por parte de los abogados de las empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a cinco personas: un lider comunitario, dos profesores universitarios y dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de ellas, titulado "Audiencias con el Infinito: ausencias..." , se lee que:

"los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos. De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente".

En el caso de uno de los acusados, la empresa no envió a su representante legal en cinco ocasiones (véase nota de la Prensa Libre de noviembre del 2016).
Foto de marcha en san José en contra del proyecto minero de Crucitas en Costa Rica referenciada en este artículo del Tico Times.

A continuación, remitimos el lector al enlace de este mesa sobre la protesta social realizada el pasado 14 de junio del 2017 en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:

Cuarta Mesa Redonda, Miércoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR

“Protesta social como manifestación de la libertad de expresión”

Primera exposición: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrático Escuela de Biología, UCR

Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED

Moderador: Dr. Jorge Blanco Roldán

El debate se dió en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.



Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, "Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)", Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12

--- Notas ---

Nota 1: En este análisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcción de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la época, en un clima hostil ante cualquier crítica a la denominada “trocha”, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociación Conservacionista Yiski, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo, Comité Cívico de Cañas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patriótico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) (véase texto de comunicado colectivo).

Nota 2: Véase nuestro breve artículo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: "A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante". Nótese que para la conmemoración del cuarto año de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oyó de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.







La presente nota fue referenciada en Derechoaldia (Costa Rica) Y en la Revista Pensamiento Penal (Argentina), así como publicada en varios medios de prensa (tales como Elpais.cr, así como Informa-tico, PiensaChile) y sitios jurídicos, como Debate Global (Colombia).