lunes, 20 de noviembre de 2017

NICARAGUA / COLOMBIA: CIJ RECHAZA Y ACEPTA DOS DE LAS CUATRO DEMANDAS RECONVENCIONALES SOLICITADAS POR COLOMBIA



Nicaragua / Colombia: CIJ rechaza y acepta dos de las cuatro demandas reconvencionales solicitadas por Colombia

Este 20 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dado a conocer su decisión con relación a las demandas reconvencionales solicitadas por Colombia en el caso de la primera demanda que planteó en el 2013 Nicaragua en su contra (véase comunicado en francés y en inglés): de las cuatro demandas reconvencionales solicitadas por Colombia, las dos primeras son rechazadas por la CIJ, las dos siguientes aceptadas.

Foto del Presidente de Colombia, refiriéndose a la decisión de la CIJ de declararse competente en el 2016 para conocer dos demandas de Nicaragua, extraída de artículo de prensa titulado "Esta es una decisión injuriosa para Colombia", marzo 2016

La demanda reconvencional en breve

La demanda reconvencional, prevista en el Artículo 80 del Reglamento de la CIJ, constituye una figura mediante la cual la parte demandada puede solicitar a la Corte, a la hora de presentar su contramemoria, ampliar a nuevos puntos el caso en estudio, siempre y cuando estos tengan algún grado de conexidad con el tema objeto de la demanda inicial. Si hay objecciones por parte del Estado demandante a este requerimiento de la parte demandada, la CIJ es la que decide, mediante la adopción de una ordenanza o providencia. Es lo que ha dado a conocer en este día 20 la CIJ, rechazando las dos primeras demandas reconvencionales colombianas y aceptando las dos últimas. Nótese que en el caso de la primera y segunda demanda reconvencional, el rechazo fue adoptado en el seno de la CIJ por 15 contra uno; en el caso de la tercera, la CIJ la aceptó por 11 contra 5, y la cuarta por 9 contra 7.

El contexto procesal en el que se enmarca este incidente procesal

En su demanda contra Colombia con fecha del 13 de setiembre del 2013, Nicaragua pidió a la CIJ fijar el límite de su plataforma continental en la zona en la que hay traslapes con la de Colombia, y precisar las reglas aplicables con relación a la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas en el Caribe. Resulta oportuno precisar que pocos días antes, el 10 de setiembre del 2013, Colombia anunció oficialmente que el fallo de la CIJ del 19 de noviembre del 2012 era “inaplicable”: se trata de un interesante caso en el que un anuncio de esta naturaleza es respondido por una acción legal ante la CIJ.

En una segunda demanda presentada el 26 de noviembre del 2013, Nicaragua pidió a la CIJ que dictaminara que Colombia ha violado la obligación que tiene de abstenerse de recurrir al uso o a la amenaza de la fuerza y que establezca que Colombia ha violado repetidamente los espacios marítimos de Nicaragua declarados como tal en el fallo del 2012 de la CIJ: la demanda viene acompañada de un juego de anexos (10 en total) que documentan de manera precisa la actitud y el tono hostil de las declaraciones de las máximas autoridades de Colombia. Es de notar que esta demanda se presentó a pocos días de surtir sus efectos la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, formalizada en noviembre del 2012

En su ordenanza del 28 de abril del 2016, el juez internacional indicó a ambos Estados los siguientes plazos para la presentación de sus escritos con relación a la primera demana: la memoria de Nicaragua, a ser entregada el 28 de setiembre del 2016; y la contramemoria de Colombia, el 28 de setiembre del 2017. En el caso de la segunda demanda, la CIJ ordenó a Colombia entregar su contramemoria el 17 de noviembre del 2016.

Es en su contramemoria presentada con relación a esta segunda acción de Nicaragua que Colombia recurrió al incidente procesal de la reconvención, optando por presentar cuatro demandas reconvencionales. La primera demanda reconvencional se relacionaba con una supuesta violación de Nicaragua en materia de preservación del ambiente marino en el Sur Oeste del Caribe; la segunda a una violación por parte de Nicaragua de proteger los derechos de los habitantes del archipiélago de San Andrés desde la perspectiva ambiental; la tercera, a los derechos de pesca artesanal de las comunidades de este mismo archipiélago, y la cuarta al Decreto Ejecutivo 33-2013 de Nicaragua de agosto del 2013 que establece las lineas de base rectas (y que, según Colombia, extienden las aguas interiores y los espacios marítimos de Nicaragua más allá de lo que prevé el derecho internacional).

La ordenanza de la CIJ

En su ordenanza (véase texto en francés y en inglés), la CIJ estima con relación a las dos primeras demandas que:

"Alors que la Colombie cherche à établir que le Nicaragua a manqué à son obligation de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, le Nicaragua entend démontrer que la Colombie a violé la juridiction et les droits souverains dont il jouit dans ses espaces maritimes. 39. En conséquence, la Cour conclut à l’absence de connexité directe, tant en fait qu’en droit, entre les deux premières demandes reconventionnelles de la Colombie et les demandes principales du Nicaragua" / "While Colombia seeks to establish that Nicaragua has failed to comply with its obligation to protect and preserve the marine environment in the south-western Caribbean Sea, Nicaragua seeks to demonstrate that Colombia has violated Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction within its maritime areas. 39. The Court therefore concludes that there is no direct connection, either in fact or in law, between Colombia’s first and second counter-claims and Nicaragua’s principal claims".

La práctica ante la CIJ enseña que cuando un Estado ve rechazadas sus demandas reconvencionales, puede optar por presentar ante la CIJ una demanda que incluya estas y otras pretensiones: el problema para Colombia radica en el hecho que ya no es parte al Pacto de Bogotá, al haber decidido denunciarlo en el 2012 (surtiendo efectos jurídicos esta denuncia a partir de noviembre del 2013). Tampoco es parte a la Convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas de 1982 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) que le podría dar una base de competencia para introducir una demanda contra otro Estado Parte a dicha convención (a la que sí es parte Nicaragua).

El inédito comunicado de Colombia del pasado 16 de noviembre

El insólito comunicado oficial de Colombia del pasado 16 de noviembre procedió a presentar de forma parcial, como era previsible, la decisión de la CIJ, refiriéndose únicamente a los aspectos favorables de esta; además de anticiparse de varios días al servicio de información de la CIJ y de usar términos erróneos en el texto divulgado por la diplomacia colombiana. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota al respecto publicada en Debate Global titulada "Inusitado comunicado de Colombia sobre las demandas de Nicaragua ante la CIJ".

Un nuevo plazo en el procedimiento contencioso

En su decisión dada a conocer este 20 de noviembre, la CIJ procede también a fijar los siguientes plazos sobre ambas demandas reconvencionales solicitadas por Colombia, que fueron aceptadas por el juez internacional: 15 de mayo del 2018 para la réplica de Nicaragua, y 15 de noviembre del 2018 para la dúplica que deberá presentar Colombia.

No cabe duda que con este nuevo incidente procesal, la decisión definitiva de la CIJ para resolver la disputa entre Nicaragua y Colombia en el Caribe no podrá ser leída si no es hasta el año 2020 (siempre y cuando Colombia no recurra a alguna otra herramienta procesal).

jueves, 16 de noviembre de 2017

NICARAGUA / COLOMBIA: INUSITADO COMUNICADO DE COLOMBIA SOBRE LAS DEMANDAS DE NICARAGUA ANTE LA CIJ



Nicaragua / Colombia: inusitado comunicado de Colombia sobre las demandas de Nicaragua ante la CIJ

En un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores difundido este 16 de noviembre, Colombia anunció que "contrademandó" a Nicaragua (véase texto del comunicado en su integralidad reproducido al final de esta nota). Lo hizo anticipándose al servicio de prensa de la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ). El comunicado fue objeto de una amplia cobertura de prensa en Colombia, agencias internacionales de noticia incluídas.

Nótese que en la parte final del precitado comunicado oficial, se puede leer textualmente que: "El Gobierno colombiano aún no conoce el texto completo de la providencia, sin embargo ya fue notificado de la decisión adoptada por la Corte" (sic).

¿Qué será lo que puede motivar a un Estado a comunicar antes de tiempo (y antes de conocer el texto completo y definitivo de la decisión de la CIJ) el resultado de una de sus gestiones? Es una pregunta que posiblemente algunos pocos se harán en Colombia y en algunos círculos especializados. Si además se evidencia un uso erróneo de la terminología oficial de la CIJ para designar ciertas herramientas jurídicas procesales de las que disponen los Estados en La Haya, la duda es mayor, y es probable que surjan más interrogantes.
Foto del Presidente de Colombia, refiriéndose a la decisión de la CIJ de declararse competente en el 2016 para conocer dos demandas de Nicaragua, extraída de artículo de prensa titulado "Esta es una decisión injuriosa para Colombia", marzo 2016

En efecto, no existe ninguna demanda planteada por Colombia contra Nicaragua que se haya registrado ante la CIJ. La consulta al sitio oficial de la CIJ así lo confirma. Las dos demandas de Nicaragua, interpuestas en el 2013 contra Colombia, son las únicas registradas entre ambos Estados.

Lo que Colombia ha denominado "contra demanda" de manera un tanto antojadiza, es la posibilidad, como Estado demandado, de solicitar demandas reconvencionales, tal y como lo prevé el mismo Reglamento de la CIJ. Las demandas reconvencionales no pueden ser confundidas con ninguna otra figura: son parte de las distintas herramientas procesales que entran en la categoría de “incidentes procesales” (como por ejemplo las excepciones preliminares, la solicitud de intervención, de medidas provisionales, de unión o de acumulación de demandas entre otros).

Las demandas reconvencionales están previstas en el Artículo 80 del Reglamento de la CIJ (Nota 1): se trata de una figura mediante la cual la parte demandada puede solicitar a la Corte, a la hora de presentar su contramemoria, ampliar a nuevos puntos el caso en estudio, siempre y cuando estos tengan algún grado de conexidad con el tema objeto de la demanda inicial. Si hay objecciones por parte del Estado demandante a este requerimiento de la parte demandada, la CIJ es la que decide, mediante la adopción de una providencia.

Si bien los idiomas oficiales de trabajo de los jueces de la CIJ son el francés y el inglés, su Estatuto y su Reglamento cuentan con una versión oficial en español, disponible en este enlace oficial de la CIJ: el término "demanda reconvencional" es el único usado por el Reglamento de la CIJ en su versión en español.

La definición de una demanda reconvencional ante la CIJ, que también se puede encontrar en diccionarios clásicos del derecho internacional, no alude en ningun momento a alguna "contrademanda". Según el Dictionnaire de la terminologie du droit international, la demanda reconvencional se define como una « demande incidente formée par le défendeur contre le demandeur à une action en justice et se rattachant à la demande initiale par un lien de connexité » (Nota 2). Para el Encyclopaedic Dictionary of International Law, se señala que es “ a cross-claim made by the respondent State in a contentious case before the ICJ instituted by means of an application” (Nota 3).

Como todo tribunal, existen reglas y usos que las partes deben respetar. Con relación a la confidencialidad / publicidad de la información, cabe recordar que todos los documentos elaborados en la etapa escrita de un procedimiento escrito ante la CIJ se mantienen bajo estrictas condiciones de confidencialidad entre las partes y el juez internacional. En cambio, el inicio de la fase oral puede permitir “liberar” algunos documentos, siempre y cuando las partes acuerden hacer del conocimiento público algunos de ellos. El articulo 53 (2) del Reglamento de la CIJ es muy claro en ese sentido: “2. La Corte podrá, después de informarse de la opinión de cada una de las partes, decidir que ejemplares de los alegatos escritos y de los documentos anexos a los mismos se hagan accesibles al público a la apertura del procedimiento oral o con ulterioridad”. Si no hay acuerdo previo, las piezas escritas se hacen públicas por parte de la CIJ después de leído el veredicto por parte de la CIJ. A diferencia de la fase escrita, las audiencias orales son públicas, permitiendo así al público en general y a la prensa seguir en tiempo real los debates en La Haya y acceder (y ello gracias al sitio oficial de la CIJ) a los alegatos de ambas partes.

Lo anteriormente señalado aplica también para decisiones interlocutorias como las providencias (ordenanzas) de la CIJ: son dadas a conocer en su integralidad por la CIJ cuando ella lo estima oportuno, una vez su contenido definitivo aprobado por sus integrantes. Dar a conocer de forma parcial (y muy posiblemente parcializada e incompleta) su futuro contenido resulta a todas luces una verdadera innovación de la diplomacia colombiana, que denota algo extremadamente difícil de calificar.

El adelantar información sobre la suerte de demandas reconvencionales pendientes de resolución ante el juez internacional es una tentación que pueden tener los Estados, aún contraviniendo las estrictas reglas que tiene la CIJ sobre la circulación de la información. En el 2013, Costa Rica ofreció una interesante variable al respecto (Nota 4). Con relación a Colombia, hace unos meses tuvimos la oportunidad de señalar un detalle pasado desapercibido por parte de su legación ante la CIJ, al depositar una de sus contramemorias (Nota 5).

Más allá de la originalidad que pareciera Colombia querer imprimir a su actuación ante el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, la apreciación por parte de los integrantes de la CIJ de esta conducta debiera ser también cuidadosamente sopesada: la necesidad de anticiparse a la CIJ en anunciar la ordenanza en la que la CIJ accedió a la petición colombiana podría leerse de diversas maneras por parte de los integrantes de la CIJ. Estos últimos se muestran extremadamente cautelosos y cuidadosos, por lo general, en que la información que circule entre las partes y los jueces no se difunda antes de tiempo: en este preciso caso, antes de la difusión de un comunicado de prensa de la CIJ sobre lo dispuesto en su decisión, con el texto integral de su providencia.

Texto del comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

Comunicado de prensa sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)

16/11/2017

Comunicado de prensa sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)

El miércoles 15 de noviembre de 2017, la Corte Internacional de Justicia aceptó dos contrademandas que Colombia presentó contra Nicaragua en el marco del proceso denominado Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe, que cursa ante dicho tribunal desde noviembre de 2013. La decisión de la Corte se da en respuesta a las objeciones de Nicaragua a las contrademandas presentadas por Colombia.

Al admitir estas dos contrademandas la Corte analizará las reclamaciones colombianas según las cuales: - Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.

- Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia. De esta manera, la Corte ha reconocido que la población del Archipiélago es una protagonista principal y aceptó que sus derechos históricos de pesca deben ser considerados en el marco del proceso. Además, que pueden existir irregularidades en la normatividad nicaragüense, lo cual será examinado con más detalle.

Por otra parte, los asuntos planteados por Colombia en relación con las obligaciones internacionales sobre la protección del medio ambiente marino en la región del Mar Caribe, así como la importancia de preservar el hábitat de los habitantes del Archipiélago, continuarán siendo parte de la defensa de Colombia.

El Gobierno colombiano aún no conoce el texto completo de la providencia, sin embargo ya fue notificado de la decisión adoptada por la Corte.





Bogotá, 16 de noviembre de 2017.








Nota 1: El Artículo 80 del Reglamento de la CIJ estipula que: "Subsección 3. Reconvención Artículo 80 1.
La Corte sólo podrá admitir una demanda reconvencional si entra dentro del ámbito de su competencia y tiene conexión directa con el objeto de la demanda de la otra parte. 2. La demanda reconvencional se formulará en la contramemoria de la parte que la presente y figurará entre las conclusiones contenidas en ella. Independientemente de la decisión que adopte la Corte, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 45 del presente Reglamento, sobre la presentación de nuevos alegatos por escrito, se preservará el derecho de la otra parte a presentar sus opiniones por escrito sobre la demanda reconvencional en un alegato adicional. 3. Si se opone una excepción con respecto a la aplicación del párrafo 1 o si así lo estima necesario, la Corte adoptará una decisión al respecto después de haber oído a las partes".

Nota 2: Véase BASDEVANT J., Dictionnaire de la Terminologie du Droit International, Paris, Sirey, 1960, p. 199

Nota 3: Véase Encyclopedic dictionary of international law, Parry and Grant, 1988, Oceana publication, Inc., New York. London. Rome, p. 78.

Nota 4: En el caso de la demanda de Costa Rica contra Nicaragua ante la misma CIJ en el 2010 por la incursión de Nicaragua en Isla Portillos, este enlace refiere al cronograma seguido por la CIJ y ambas partes con relación a cuatro demandas reconvencionales solicitadas por Nicaragua. No obstante, el 4 de febrero del 2013 un artículo publicado en La Nación (Costa Rica) “Managua formaliza en La Haya reclamo para usar río Colorado” hace ver que una parte de un documento escrito presentado unos días antes por Nicaragua a la CIJ fue dado a conocer a la prensa de Costa Rica, provocando días después, reclamos de unos y otros, atizando los ánimos y provocando reacciones airadas de ambos lados del río San Juan: situaciones que, precisamente, las estrictas reglas de confidencialidad que impone el juez internacional buscan evitar en la etapa escrita. La decisión de la CIJ sobre las medidas reconvencionales solicitadas por Nicaragua (que incluía una relacionada al rio costarricense del Colorado) se daría a conocer tan solo el 18 de abril del 2013 (véase texto).¿Cómo llegó al iniciar febrero del 2013 a manos de un medio de prensa costarricense la pretensión de Nicaragua formulada en su escrito del 30 de enero a la CIJ?: se trata de un secreto extremadamente bien guardado.

Nota 5: Al depositar el pasado 28 de setiembre su contramemoria en uno de los dos casos que Nicaragua planteó a la CIJ contra Colombia, tuvimos la oportunidad de señalar una extrañeza, que al parecer no cuenta con precedente alguno, por parte de la legación diplomática colombiana en La Haya: véase nuestra nota titulada"Nicaragua / Colombia: Colombia presenta contramemoria a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" en la que indicamos que: "Salvo error de nuestra parte, no se ha oido de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas".

miércoles, 15 de noviembre de 2017

INFORME ESTADO DE LA NACIÓN 2017: CAPÍTULO AMBIENTAL



Informe Estado de la Nación (2017): capítulo ambiental

Este 14 de noviembre, se presentó en Costa Rica el Informe sobre el Estado de la Nación (EDN): se trata de un valioso diagnóstico anual realizado por un equipo de investigadores, con el apoyo de las universidades públicas costarricenses y la Defensoría de los Habitantes. El documento completo está disponible desde ya en este enlace.

Uno de los capítulos del EDN es el ambiental, titulado "Armonía con la Naturaleza" (véase texto completo). Constituye un capítulo que cobra una particular relevancia, en la medida en que, desde hace más de 15 años, las reiteradas advertencias que contiene sobre el rumbo insostenible del modelo de desarrollo desde la perspectiva ambiental, siguen sin ser atendidas por los decisores políticos. La falta de solución a muchos de los conflictos que se han generado explica en parte la presencia en Costa Rica de expertos o de relatores independientes de Naciones Unidas sobre Agua y Derechos Humanos (2009, véase informe disponible en este enlace en los seis idiomas de Naciones Unidas), Derecho de los Pueblos Indígenas (2010 y 2011, véase informe), Ambiente y Derechos Humanos (2013, véase informe), cuyas recomendaciones de carácter urgente tampoco son implementadas por las autoridades costarricenses.

Sobre la pérdida del patrimonio natural, se señala en la valoración general del capítulo que: "La gestión inadecuada del suelo explica varias formas de afectación del patrimonio natural que reporta este Informe, como la derivada de patrones de ocupación y producción agrícola: cambios de uso del suelo e invasión de zonas protegidas por la expansión de cultivos, pérdida de manglares y frentes de deforestación, acompañados por el alto impacto de un paquete tecnológico dependiente de los agroquímicos, tendencia que no cede ni muestra avances en el estímulo y crecimiento de prácticas alterativas" (página 179).

Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada "Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela" (Octubre 2017, Surcos Digital).

La ausencia de planificación y de políticas en materia de ordenamiento territorial está llevando a Costa Rica a una vulnerabilidad cada vez mayor, que se materializa con cuantiosas pérdidas que ocasionan eventos metereológicos. La marcada dependencia a los hidrocarburos del sistema de transporte persiste como un agravante de la huella de carbón, agudizado con un aumento en la flota vehicular de un 7,4% registrado para el año 2016. Entre los diversos hallazgos relevantes con los que inicia este capítulo, se señala que: "... el decreto ejecutivo 40379 designó al Incopesca como la Autoridad Científica para especies marinas de interés pesquero y acuícola, y al MAG como Autoridad Administrativa. De esta forma, se eliminó la participación de una instancia científica colegiada en la emisión de criterios técnicos, permisos y certificados de pesca para las especies mencionadas" (página 177).

Con relación a una valiosa herramienta aplicable a megaproyectos como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se lee por ejemplo que: "Además, se determinó que no existe una metodología homogénea para la adecuada integración de la variable ambiental. La CGR analizó seis propuestas de planes de ordenamiento territorial que recibieron viabilidad ambiental entre 2010 y 2015, y encontró que en cinco de ellas falta información indispensable para evaluar el sustento técnico con que se incorpora esta variable. No se ha delimitado la naturaleza, nivel de profundidad, alcance y efectos de las medidas ambientales que deben resultar de la incorporación de la EAE, especialmente en planes reguladores municipales" (página 227).
Foto escogida para ilustrar la portada del Informe del Estado de la Nación (EDN) 2017 sobre la situación en Costa Rica

Ello sin hablar de la situación de "estress hídrico" que viven muchas comunidades de Costa Rica. A modo de ejemplo, en la Gran Area Metropolitana (GAM), las zonas de recarga del acuífero del Barva y del Colima sufren el avance de un desarrollo urbano descontrolado: este año, el capítulo ambiental del EDN refiere a cómo este "modelo" de desarrollo urbano se ha expandido a ciudades intermedias fuera de la GAM (San Isidro de El General, Ciudad Quesada y Guápiles), las cuales ya están registrando los mismo síntomas. Mientras tanto, en Bagaces y Cañas, el arsénico detectado en el agua persiste sin que se haya encontrado una solución duradera al problema. En la costa Pacífica, la intrusión salina en los acuíferos costeros de Brasilito, Tamarindo, Potrero, Playa Panamá y Playa del Coco evidencia la deficiente política en materia de recurso hídrico. Nótese que la alta vulnerabilidad de estos acuíferos costeros a la extracción masiva e incontrolada de agua fue alertada hace más de 15 años.

Un grave conflicto no resuelto como el del agua en Sardinal amenaza con revivir, ante el anuncio de reiniciar los trabajos (véase nota de La Nación del 13 de noviembre) y ante la renuencia de las autoridades de dialogar con las comunidades concerñidas (véase esta nota y otra nota publicadas esta misma semana por CRHoy, así como una más reciente sobre el intento de legalizar proyectos ilegales). Nótese que en el caso de Sardinal, el juez constitucional procedió a una verdadera regresión declarando en febrero del 2017 que la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). En un reciente foro sobre la piña, se pudo confirmar otro tipo de renuencia por parte de las actuales autoridades costarricenses: debatir públicamente sobre los problemas que genera este monocultivo para las comunidades rurales de Costa Rica (véase nota nuestra al respecto).

Los gráficos elaborados por el EDN sobre la conflictividad socio-ambiental en Costa Rica evidencian un aumento creciente sin que se vislumbre mecanismo alguno para resolver esta grave situación (gráficos de páginas 222-223). Se lee al respecto, en la sección inicial "hallazgos relevantes" del capítulo ambiental que: "Por sexto año consecutivo, las acciones colectivas sobre asuntos ambientales se mantuvieron en sus máximos niveles desde 1993. En 2016 este tema registró su valor más alto como porcentaje del total de protestas sociales del país (15,8%)" (página 177).

Con relación a la efectividad de los fallos del juez constitucional en materia ambiental, se lee que las entidades recurridas optan por desacatarlos: "Entre las instituciones que de manera regular incumplen lo dispuesto por la Sala se encuentran el Minae, el Minsa y las municipalidades" (páginas 224-225).

Con relación a una reglamentación inconsulta relativa al registro de nuevos agroquímicos, que movilizó al sector ecologista en los últimos años, se lee que: "estos reglamentos proveen mecanismos que facilitan el registro y posterior uso de plaguicidas. Sin embargo, se generan riesgos ambientales y de salud por las limitaciones para evaluar los productos (individual y directamente) o por la revalidación de algunos que no pasaron por los análisis que el país estableció en 2006 (decreto nº 33495-MAG-S-Minae-MEIC). Esto afecta el principio precautorio y preventivo, según el cual, en caso de duda, prevalece el objetivo de evitar posibles impactos ambientales y en salud" (página 219).

El abanico de temas analizados es extremadamente ámplio y se recomienda la lectura completa de este capítulo del EDN, cuyos gráficos, fotos satelitales e ilustraciones de gran calidad permiten superar la densidad de los datos técnicos que aporta.

De cara a las próximas elecciones a realizarse en el 2018, este texto plantea, como sus antecesores, una serie de interrogantes a la sociedad costarricense y a la clase política, la cual no pareciera haber incluído el tema ambiental como un tema de campaña. Sobre este último punto, remitimos a nuestros estimables lectores al reciente artículo de opinión del Dr. Allan Astorga publicado en HablandoClaro (Radio Columbia) y titulado precisamente "Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?" .

Foto extraída de artículo de prensa titulado "Tormenta Nate destrozó 28 mil kilómetros de esfuerzo tico" Afirma UNGL" (Prensa Libre, octubre 2017).

lunes, 6 de noviembre de 2017

ASESINATO DE BERTA CÁCERES EN HONDURAS: LAS CONTUNDENTES CONCLUSIONES DEL INFORME DEL GAIPE

Foto extraída de nota de prensa de febrero del 2017, titulada "Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian"

El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE

En estos primeros días de noviembre del 2017, se ha dado a conocer el informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre la muerte de la lider indígena y ecologista Berta Cáceres, acaecida en Honduras el 2 de marzo del 2016. Este informe recopila toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas para investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato.

A pocas semanas de la muerte de Berta Cáceres, un primer informe elaborado por los integrantes de una misión internacional ya había detectado la poca voluntad de las autoridades hondureñas para esclarecer debidamente este crímen (véase informe titulado "Justicia para Berta Cáceres Flores"; el Anexo 2 contiene la serie de amenazas recibidas por Berta Cáceres). En febrero del 2017, la ONG Amnistía Internacional calificaba de "vergonzosa" la investigación realizada por las autoridades hondureñas (véase comununicado de prensa).

Un informe detallado y certero en medio de una impunidad rampante

Este informe del GAIPE constituye un esfuerzo de gran relevancia, en la medida en que son muchos los casos en América Latina (y en el mundo) en los que el Estado pareciera poco interesado en que se sepa la verdad de los hechos y la motivación real que llevó a eliminar físicamente a un lider indígena, campesino o ecologista opuesto a un proyecto de gran envergadura. Estas personas se encuentran en una situación particularmente vulnerable al oponerse a poderosos sectores que en muchos casos, han cooptado por completo a las instituciones del mismo Estado. La tendencia a eliminarlas físicamente es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida.

La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016 de los cuales 120 en América Latina. Sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluída). A Honduras le sigue Nicaragua con 11 muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6. Recientemente en Perú se indicó que las investigaciones realizadas por las autoridades en el caso de cuatro indígenas asesinados peligran, debido a serias deficiencias detectadas en las diligencias realizadas por el Ministerio Público peruano (véase nota de prensa).

Como tuvimos la oportunidad de indicarlo en nuestra breve nota publicada en ElPais.cr, al conmemorarse el primer año de la muerte de Berta Cáceres:

"...diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomáticas de Honduras en las capitales de Centroamérica, así como en Canadá y en varias capitales europeas: lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un lider comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina".

Cuestionados megaproyectos y alianzas público-privadas

La colusión de intereses entre Estado y empresa lleva, en algunos casos, al primero a maquillar las investigaciones o a realizarlas de forma tal que la impunidad prevalezca, en un claro intento por rehuir las obligaciones nacionales e internacionales que debe ejercer en materia de investigación y de sanción. Esta situación en la que se intenta construir una verdad oficial a partir de investigaciones incompletas lleva naturalmente a los familiares de las víctimas a desconfiar de las entitades públicas y a recurrir a mecanismos de investigación ajenos al Estado como tal.

En Costa Rica, la muerte del biólogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Moín dió lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la Fiscalía General de la República: a la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realizó a Costa Rica en el 2013 (Nota 1). La muerte de Jairo Mora Sandoval oficialmente fue explicada en razón de acciones violentas en su contra por parte de hueveros y narcotraficantes, sin que la Fiscalía explorara otras hipótesis de manera a saber quiénes más podrían tener interés en que el monitoreo de nidos de tortuga en Playa Moín dejara de realizarse. Sin que existiera ninguna investigación de iniciada, el Vice Presidente de Costa Rica Alfio Piva adelantó prematuramente que esta (hueveros y narcotraficantes) era la tésis a seguir. Un reciente artículo titulado "El magistrado y los elefantes" refiere a una peculiar reacción de quién hoy es magistrado (suspendido) en Costa Rica, a raíz de una crítica sobre su actitud como Vice Ministro de Seguridad cuando se registró el fallecimiento del jóven biólogo en Moín. En este comunicado del 2015 de la FECON, se lee que:

"Ni las autoridades del Ministerio de Seguridad ni los efectivos que luchan contra el narcotráfico (Ud. está dedicado a estas funciones hace más de 5 años) pueden “lavarse las manos” en lo que les compete con la muerte de Jairo".

El caso de Jairo Mora se añade a una larga lista de ecologistas que han encontrado la muerte sin que el Estado costarricense haya encontrado (¿querido encontrar?) a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos (véase por ejemplo nota de CRHoy titulada "Crimen de Jairo Mora se suma a lista de asesinatos de ambientalistas que han quedado impunes"). En Costa Rica, un doloroso caso persiste impúne y mantiene una serie de interrogantes que el tiempo no logra borrar: se trata del caso de los cuatro integrantes de AECO, de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación en San José y uno fallecido en julio de 1995 en un parque público céntrico de la capital de Costa Rica (Nota 2). Este caso constituye un ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales costarricenses (véase artículo editado en el 2014 para conmemorar los 20 años de estas cuatro muertes, titulado "20 años es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994"). En el 2009, ante amenazas de muerte recibidas, organizaciones sociales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que ordenara medidas a Costa Rica para resguardar la vida y la integridad física de un líder ecologista opuesto a la expansión piñera en la Zona Sur, Aquíles Rivera (véase nota de prensa).

El contenido del informe GAIPE en breve

En el resúmen ejecutivo del informe del GAIPE sobre el asesinato de Berta Cáceres, se menciona también a los socios financieros de Honduras en la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca:

"A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes" (pp. 2-3).

En esta entrevista realizada por El Espectador a dos integrantes del GAIPE de nacionalidad colombiana, se lee que:

"Entre los chats colectivos que tenían los funcionarios de Desa, los expertos pudieron identificar que había un permanente contacto entre la empresa y agentes de la fuerza de seguridad del Estado, como la Secretaría de Seguridad y la Policía Preventiva. Por ejemplo, sólo 14 horas después del asesinato de Berta, hay mensajes entre directivos y empleados de Desa que revelan que ya habían pedido ayuda a los funcionarios públicos para que los desvincularan de cualquier investigación".

En las conclusiones del informe del GAIPE se puede leer, entre muchos otros puntos de gran relevancia, que:

"6. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo.

7. Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente para procesar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Dicha circunstancia vulnera los derechos a la verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas, las personas integrantes del COPINH, las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad hondureña.

8. El Ministerio Público ha incurrido en violaciones al derecho de las víctimas de participar plenamente en el proceso interno, derecho que está previsto en la propia legislación hondureña así como en los estándares internacionales, lo cual vulnera la garantía del debido proceso, así como los derechos a la verdad, justicia y reparación.

9. La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres, así como en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, sin embargo, el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisión de otros delitos que no han sido investigados
" (p. 46).

A modo de conclusión

El informe completo del GAIPE, que se titula "Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres" y que consta de 87 páginas, está desde ya disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa.

Este informe evidencia el sesgo con el que las actuales autoridades hondureñas investigaron este caso, interpelando ahora al Estado hondureño de cara a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Nota 3), pero también a la comunidad internacional como tal.

Notas



Nota 1: Se lee en el informe de John Knox a raíz de su visita a Costa Rica (véase texto completo publicado en el sitio de Derechoaldía), entre varias de sus recomendacione finales, que: " en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica“ (punto 67).

Nota 2: Con relación al caso de los cuatro integrantes de AECO, en 1997 el Estado costarricense concluyó oficialmente que no hay mayor elementos que permitan concluir otra cosa que lo siguiente: " 1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental. 2.- De acuerdo con la autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales 3.- Los órganos del Estado desarrollaron una labor profesional, técnica y dentro de un tiempo prudencial en el esclarecimiento de las muertes de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante Montaño y David Maradiaga Cruz.": véase las conclusiones de la Opinión Jurídica OJ-004-97 de la Procuraduría General de la República (PGR), elaborada en el año de 1997.

Nota 3: En el caso de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández asesinada en 1995 en Honduras, los familiares interpusieron una demanda ante el sistema interamericano de derechos humanos, la cual culminó con una sentencia del 2009 de la Corte IDH (véase texto completo) en la que se lee, entre otros puntos, que: "El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos" (párrafo 190).





Otro artículos de interés del autor:

BOEGLIN N.,"Los pendientes a tres años de la muerte de Jairo Mora", Informa-tico, mayo del 2016. Texto disponible aquí

BOEGLIN N., "A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante", Revista digital Contexto, marzo del 2017. Texto disponible aquí.

BOEGLIN N., "Entre intimidación y criminalización: el caso de la protesta social en Costa Rica", Revista Pensamiento Penal, junio del 2017. Texto disponible aquí.

viernes, 3 de noviembre de 2017

CATALUÑA: EL SINDIC DE GREUGES ALERTA SOBRE MEDIDAS TOMADAS POR ESPAÑA



Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: "Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional"

Cataluña: el Sindic de Greuges alerta sobre medidas tomadas por España

Este 3 de noviembre, el Sindic de Greuges, entidad equivalente a una Defensoría del Pueblo o de los Habitantes a nivel de Cataluña (véase sitio oficial), ha emitido una crítica vehemente ante las diversas acciones legales tomadas por España luego de la proclama de independencia adoptada por el Parlament catalán la semana pasada. Entre varios aspectos, la disolución del Parlament, la destitución de los dirigentes de la Generalitat y su persecución desde el punto de vista penal han llamado la atención de muchos observadores: el recurso al derecho penal para frenar aspiraciones políticas es una herramienta que, en el pasado, ha demostrado, tanto dentro de España como fuera, ser contraproducente para quiénes recurren a ella.

Este mismo 3 de noviembre, España lanzó una orden de captura internacional contra el ex Presidente de la Generalitat, quién se encuentra en Bélgica desde varios días (véase nota de prensa). Esta acción recuerda la que España llevó a cabo de similar manera en 1993 contra dos líderes separatistas vascos miembros de la ETA (Luis Moreno Ramajo y Raquel Garcia Arrantz) ante las autoridades belgas, sin lograr obtener su extradición.

En el comunicado del Sindic de Greuges (véase texto completo al final de esta nota), se lee que:

"A parte de no haber fijado un límite temporal de la excepcionalidad de manera explícita, las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado podrían vulnerar el derecho fundamental a la participación política de toda la ciudadanía de Cataluña".

En su comunicado, el ombudsman catalán también señala que:

"En este contexto, el Síndic reitera que el conflicto planteado desde hace años entre las instituciones catalanas y españolas, manifestado de forma creciente y pacífica por una parte muy importante de la ciudadanía de Cataluña, y debatida en las instituciones de Cataluña y en el conjunto de la sociedad con serenidad, tiene una dimensión esencialmente política y debería resolverse por la vía politicoinstitucional, legal, con acuerdos, propuestas de reformas del ordenamiento básico, con consultas a la ciudadanía y con gestos de entendimiento. Y aún puede resolverse por vías políticas y de diálogo sincero y leal, con una generosa interpretación del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales previstos en los tratados internacionales, vigentes también en el Reino de España".
Figura tomada del artículo del Profesor Marko Milanovic, "A Footnote on Secession", publicado en el sitio jurídico EJIL-Talk, 26 de Octubre del 2017, disponible aquí

La entidad catalana, a cargo de examinar los posibles abusos cometidos contra los administrados por parte de las entidades públicas en violación a obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, concluye indicando que:

"El Síndic ya advirtió en su informe del pasado mes de abril sobre regresión de derechos y libertades, siguiendo también las advertencias recibidas desde instancias europeas, de los peligros para los derechos en el uso de la solución penal para los conflictos políticos institucionales y de las derivas partidistas en órganos judiciales.

El Síndic seguirá atento a las vulneraciones de derechos que puedan producirse durante la vigencia de esta situación y ejercerá sus funciones de investigación, supervisión, estudio e informe a todas las instancias en toda su extensión
".

Como se recordará, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones UNidas, en un comunicado del 2 de octubre del 2017, había externado su profunda preocupación por el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas policiales contra los votantes el pasado 1ero de octubre en el que se celebró el referéndum, exigiendo a España una investigación al respecto (véase breve nota nuestra al respecto).

En medio de fuertes movilizaciones de diversos sectores (sea en favor o en contra de la decisión de la Generalitat), de la escalada verbal, así como de la renuencia de las autoridades españolas y catalanas a entablar algun tipo de diálogo, expertos de Naciones Unidas en derechos huamnos habían el pasado 4 de octubre del 2017 llamado a reestablecer canales de comunicación (véase breve nota nuestra al respecto). Se trató del tercer comunicado emitido por órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en menos de una semana, un hecho que no ha llamado mayormente la atención de observadores ni de analistas.

Este comunicado de Naciones Unidas fue seguido por la aprobación en España, el 6 de octubre del 2017, de un decreto ejecutivo, objeto de una amplia cobertura mediática, que facilita la salida de empresas cuya sede se encuentra en Cataluña (véase nota de prensa), al tiempo que el juez constitucional español ordenaba, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el lunes 9 de octubre (véase nota de prensa): el juez constitucional español, en una sentencia del 5 de octubre (véase texto completo), suspendió la sesión del Parlament catalán al:

"4. Suspender cautelarmente, conforme al artículo 56.6 LOTC, la eficacia de los acuerdos parlamentarios impugnados y, consiguientemente, suspender la celebración el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 de octubre de 2017"

La batería de medidas de carácter legal tomadas por España, recurriendo al juez constitucional o al juez penal, y más recientemente al derecho de la cooperación policial en el marco europeo, reduce toda posibilidad de acercamiento y de diálogo político. Las elecciones del próximo 21 de diciembre, convocadas por las autoridades españolas, permitirán valorar cuán efectivas fueron esta medidas para disminuir el apoyo a los separatistas catalanes; o si, por el contrario, la actitud de las autoridades españolas contribuyó a consolidar sustancialmente el apoyo al proyecto separatista en el seno de la sociedad catalana.



Texto integral del comunicado del Sindic de Greuges (Ombudsman catalán)

Comunicado del Síndic de Greuges. 3 de noviembre de 2017 03/11/2017 síndic

Acceso al informe síntesi de las actuaciones del Síndic entorno al 1-O

El pasado 27 de octubre, tras la aprobación de dos resoluciones en el Parlamento de Cataluña, claramente fuera del marco constitucional con la pretendida declaración de independencia, a propuesta del Consejo de Ministros, el Pleno del Senado autorizó una amplia serie de medidas respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución española (CE). A partir de aquí, el presidente del Gobierno español ha adoptado varios reales decretos que incluyen el cese del presidente, el vicepresidente y los consejeros del Gobierno de la Generalitat, así como otros altos cargos del Gobierno, y la disolución del Parlamento de Cataluña; disolución que lleva aparejada la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de este año. La Fiscalía General del Estado también ha planteado ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional querellas penales contra las personas que han gobernado la Generalitat y contra la Mesa del Parlamento, que han sido admitidas a trámite por ambos tribunales.

En este contexto, el Síndic reitera que el conflicto planteado desde hace años entre las instituciones catalanas y españolas, manifestado de forma creciente y pacífica por una parte muy importante de la ciudadanía de Cataluña, y debatida en las instituciones de Cataluña y en el conjunto de la sociedad con serenidad, tiene una dimensión esencialmente política y debería resolverse por la vía politicoinstitucional, legal, con acuerdos, propuestas de reformas del ordenamiento básico, con consultas a la ciudadanía y con gestos de entendimiento. Y aún puede resolverse por vías políticas y de diálogo sincero y leal, con una generosa interpretación del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales previstos en los tratados internacionales, vigentes también en el Reino de España.

La aplicación del artículo 155 CE

La actuación del Tribunal Constitucional que suspende o declara inconstitucionales leyes aprobadas por el Parlamento o declaraciones posteriores demuestra que dentro del ordenamiento vigente hay medidas jurídicas para garantizar el con respecto al ordenamiento constitucional más adecuados que el uso que se ha hecho del artículo 155 CE. A parte de no haber fijado un límite temporal de la excepcionalidad de manera explícita, las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado podrían vulnerar el derecho fundamental a la participación política de toda la ciudadanía de Cataluña, reconocido en los artículos 23 CE y 3 del Protocolo adicional al Convenio europeo de derechos humanos. Estos preceptos establecen:

"Los ciudadanos tienen el derecho de participado en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal" (art. 23 CE)

“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo” (art. 3 Protocolo adicional)

El ejercicio del mandato parlamentario de los cargos electos está protegido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aplicación de este último precepto y, desde este punto de vista, la destitución del Gobierno catalán en pleno vulnera el derecho a la participación política de toda la ciudadanía de Cataluña, con independencia de las opciones que votaran a las elecciones de septiembre de 2015. Esto es así en tanto que esta destitución se produce con una posible transgresión del propio ordenamiento jurídico español, dado que ningún precepto de la Constitución española, incluido el artículo 155 CE, no prevé que pueda adoptarse una medida de esta naturaleza.

Esta resolución puede ser impugnada judicialmente por los ciudadanos, incluso en amparo constitucional, por los que consideren lesionado su derecho de participación. Por su parte, frente a irregularidades cometidas en sede parlamentaria que lesionan sus derechos, los parlamentarios disponen, como ya ha advertido al Síndic, de la vía del recurso específico previsto en la Ley del Tribunal Constitucional.

Además, la interpretación que han efectuado el Senado y el Gobierno del artículo 155 parece contraria a otros preceptos constitucionales. Las decisiones tomadas sobre la competencia de disolver el Parlamento y convocar elecciones, así como de cesar al presidente y al Gobierno, pueden transgredir el derecho a la autonomía reconocida en el artículo 2 de la CE y el sistema desarrollado en el título VIII. No obstante, las elecciones convocadas para el 21 de diciembre deben poderse desarrollar con todas las garantías democráticas y sin ninguna amenaza ni advertencia en relación con sus resultados. Y, en todo caso, el Gobierno español debería comprometerse públicamente a levantar las medidas excepcionales adoptadas una vez se forme libremente y según las previsiones estatutarias el nuevo gobierno de la Generalitat.

Además, con independencia de que la suspensión del autogobierno de Cataluña pueda considerarse o no una vulneración intrínseca de derechos, el hecho de que desde el lunes la Administración de la Generalitat de Cataluña se gobierne a distancia, por instancias ajenas a la voluntad popular expresada por la ciudadanía de Cataluña y que no responden frente a sus legítimos representantes, puede generar un riesgo de mala administración y de potenciales vulneraciones de derechos.

La imputación penal del Gobierno cesado y la Mesa del Parlamento

Todas las vías legales e institucionales deberían prevalecer sobre la vía penal para resolver cuestiones como las que nos ocupan. En este sentido, la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica de Modificación del Código Penal que despenalizó la convocatoria de referéndums ilegales, después de afirmar que esta conducta no tiene entidad penal suficiente, señala expresamente que “en nuestro ordenamiento hay otras formas de control de la legalidad diferente a la vía penal. Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal”.

Por ello, con pleno respeto por la independencia del poder judicial, y subrayando la necesidad de siempre colaborar, es importante señalar, como posible afectación a derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales y en la CE, los autos del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional de admisión de las querellas presentadas por el Fiscal General del Estado.

En primer lugar, pueden representar una transgresión del derecho al juez predeterminado por Ley, que debería ser de la jurisdicción ordinaria de Cataluña, y en primer lugar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Aun así, es sorprendente la disparidad de criterios en las dos instancias, Tribunal Supremo y Audiencia, respecto al ejercicio del derecho de defensa y de la aplicación de las medidas cautelares.

En segundo lugar, en el caso de los miembros de la Mesa, parece obviarse, como ya se manifestó en el informe del mes de abril de este año, la inviolabilidad de que gozan diputados y diputadas en su función parlamentaria, como es, sin duda, la admisión a trámite, mediante votación, de propuestas de resolución.

Por último, la cualificación penal como rebelión propuesta por el Ministerio Fiscal y aceptada inicialmente por las más altas instancias jurisdiccionales parece completamente desproporcionada para describir los hechos de todos conocidos, como también fue desproporcionada la orden de prisión provisional sin fianza impuesta a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que se mantiene a fecha de hoy a pesar de la modificación sustancial de las circunstancias en que se produjo aquella resolución judicial. Las medidas cautelares de prisión provisional ahora aplicadas a consejeros cesados son una muestra más de la desproporción de la justicia.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional patente que los artículos 25.2 y 9.3 de la Constitución obligan a garantizar un principio de proporcionalidad de las penas que no parece que se esté respetando en este caso. Así mismo, la referencia retroactiva que efectúa la querella, como intimidatorias, de grandes manifestaciones que han sido ejemplares por su civismo puede suponer un grave riesgo de transgresión del artículo 21 CE, que reconoce el derecho de reunión y manifestación.

Estas afectaciones de derechos fundamentales y de libertades públicas reconocidos en la Constitución y en el Convenio europeo para la salvaguardia de los derechos fundamentales y las libertades públicas y en sus protocolos adicionales podrían acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desgraciadamente, los más que previsibles pronunciamientos de Estrasburgo llegarán pasado un largo tiempo, cuando las vulneraciones de los derechos ya sean irreversibles y la única reparación posible sea la moral o, en según qué casos, la económica. El Síndic emplaza a los diferentes poderes que tienen potestad para hacerlo a revertir ab initio estas diferentes situaciones vulneradoras de derechos y libertades para evitar, como reiteradamente ha pasado, que el máximo órgano jurisdiccional europeo en materia de derechos humanos condene al Estado español por violaciones de normas internas e internacionales por vulneración de derechos humanos.

El Síndic ya advirtió en su informe del pasado mes de abril sobre regresión de derechos y libertades, siguiendo también las advertencias recibidas desde instancias europeas, de los peligros para los derechos en el uso de la solución penal para los conflictos políticos institucionales y de las derivas partidistas en órganos judiciales.

El Síndic seguirá atento a las vulneraciones de derechos que puedan producirse durante la vigencia de esta situación y ejercerá sus funciones de investigación, supervisión, estudio e informe a todas las instancias en toda su extensión.

viernes, 27 de octubre de 2017

CATALONIA: UN HUMAN RIGHTS EXPERT CALLS SPAIN TO ENTER INTO NEGOCIATIONS

Figure taken from the article of Professor Marko Milanovic, "A Footnote on Secession", published in EJIL-Talk, October 26th, available here

United Nations Independent Expert on Human Rights has called Spain to review its position and enter into negociations with Catalonia authorities instead of suspending the autonomy of Catalonia (see full text of official press release in English and Spanish at the end of this note). This official communiqué follows the statement made by four UN Human Rights Expert last October 4th urging both sides to negotiate (see our brief note in Spanish) and last October 2nd, issued by UN High Commissioner for Human Rights himself condemning the violent actions of police forces against voters and urging for inmediate investigations of this violence during the referendum that took place on October 1st in Catalonia (see our brief note in Spanish too).

Last October 24th, Spain announced it will take control of the official delegations of Catalonia abroad (see our brief note), as part of actions taken against the Generalitat.

Full text of UN press release date October 25th

UN independent expert urges Spanish Government to reverse decision on Catalan autonomy

GENEVA (25 October 2017) - The UN Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, Alfred de Zayas, is calling on Spanish authorities to enter into negotiations in good faith with leaders in Catalonia following the announcement that the Spanish Government would suspend the region’s autonomy. On 19 October, the Spanish Government announced its intention to impose direct rule on the region after a deadline seeking an end to the Catalan independence campaign was not met. His statement is as follows:

“I deplore the decision of the Spanish Government to suspend Catalan autonomy. This action constitutes retrogression in human rights protection, incompatible with Articles 1, 19, 25 and 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pursuant to Articles 10(2) and 96 of the Spanish Constitution, international treaties constitute the law of the land and, therefore, Spanish law must be interpreted in conformity with international treaties.

“Denying a people the right to express themselves on the issue of self-determination, denying the legality of a referendum, using force to prevent the holding of a referendum, and cancelling the limited autonomy of a people by way of punishment constitutes a violation of Article 1 of the ICCPR and of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Alternatively, addressing the aspiration of peoples to self-determination in a timely fashion is an important conflict prevention measure, as is evidenced by the countless wars that have occurred since 1945 that found their origin in denial of self-determination. Dialogue and political negotiation should be encouraged to prevent violence.

“The Spanish Government appears to invoke the principle of territorial integrity to justify forceful attempts to silence political dissent and aspirations of self-determination. While the principle of territorial integrity is important, as understood in many United Nations Resolutions, including GA Resolutions 2625 and 3314, it is intended to be applied externally, to prohibit foreign threats or incursions into the territorial integrity of sovereign States. This principle cannot be invoked to quench the right of all people, guaranteed under Article 1 of the International Covenants on Human Rights, to express their desire to control their futures. The right of self-determination is a right of peoples and not a prerogative of States to grant or deny. In case of a conflict between the principle of territorial integrity and the human right to self-determination, it is the latter that prevails.

“Of course, there are many peoples worldwide who aspire to self-determination, whether internal in the form of autonomy or external in the form of independence. And while the realization of self-determination is not automatic or self-executing, it is a fundamental human right that the international community should help implement.

“The international law of self-determination has also progressed far beyond mere decolonization. Applying the 15 criteria contained in my 2014 report (paras 63-77), it is evident that no state can use the principle of territorial integrity to deny the right of self-determination and that arguments about the legality of actions taken by Catalonia’s elected parliament are immaterial. Such arguments do not nullify the ius cogens character of self-determination.

“The only democratic solution to the current impasse is to suspend repressive measures and to organize a referendum so as to determine the true wishes of the population concerned. Such a referendum should be monitored by the EU, OSCE and private observers including the Carter Center.”

ENDS

Source: UN official website link

Comunicado oficial de Naciones Unidas

25 de octubre, 2017 — El experto independiente de Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo solicitó a las autoridades españolas establecer negociaciones de buena fe con los líderes de Cataluña, tras el anuncio del gobierno español de activar un artículo de la Constitución que suspendería la autonomía de esa comunidad inmersa en un desafío independentista.

El pasado jueves, el gobierno español decidió poner en marcha los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución que supondría la intervención del gobierno catalán.

Alfred de Zayas, condenó este miércoles esa decisión del gobierno español y destacó que es incompatible con cuatro artículos - 1,19,25 y 27 - del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El experto de Naciones Unidas destacó que negar a un pueblo la manifestación sobre su autodeterminación, denegar la legalidad de un referéndum, usar la fuerza para impedirlo y anular la autonomía de un pueblo mediante castigo supone una violación del artículo 1º del mencionado Pacto.

Respecto a la aplicación del principio de integridad territorial invocado por el gobierno español, De Zayas, destacó la importancia de éste contenida en muchas resoluciones de la Asamblea General, pero indicó que “su objetivo es aplicarlo externamente, para prohibir las amenazas o incursiones extranjeras en la integridad territorial de los Estados soberanos”.

Añadió que “el derecho de libre determinación es un derecho de los pueblos y no una prerrogativa de los Estados para conceder o negar. En caso de conflicto entre el principio de integridad territorial y el derecho humano a la libre determinación, prevalece este último”.

De Zayas insistió que la única solución democrática a la actual situación es “suspender las medidas represivas y organizar un referéndum que determine los deseos de la población afectada”.

Según la opinión del experto, la consulta tendría que ser supervisada por la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y observadores internacionales como el Centro Carter.

Los relatores especiales de la ONU y los expertos independientes son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, para examinar e informar sobre temas específicos de derechos humanos o sobre la situación de un país. Son puestos honorarios y los expertos no son personal de Naciones Unidas, ni reciben un salario por su trabajo.

Fuente: enlace de sitio oficial de Naciones Unidas

martes, 24 de octubre de 2017

A PROPÓSITO DE UN RECIENTE FORO SOBRE LA EXPANSIÓN PIÑERA EN COSTA RICA



Foto de cultivo de piña en Costa Rica, extraída de artículo de La Nación titulado "Costa Rica define este mes marco para negociar acuerdo con Corea del Sur" (2015)



A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica

En la tarde del pasado 23 de octubre, tuvo lugar un foro en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado "Foro: explotación piñera en Costa Rica", organizado por los estudiantes de la carrera Promoción de la Salud de la Escuela de Salud Pública (véase volante y programa en este enlace de Surcos Digital). Participaron Mauricio Alvarez (Escuela de Geografía de la UCR y FECON), Nicolás Boeglin (Facultad de Derecho, UCR) y Alexa Obando (Escuela de Ciencias Políticas, UCR). El sector productivo y estatal fueron invitados de igual forma a este espacio de discusión, optando ambos por no enviar a ningun expositor.

Al tratarse de un foro sobre un tema que, en nuestra opinión, amerita desde muchos años un debate público con las autoridades nacionales, en las líneas que siguen se presentarán algunas aristas de lo que algunos sectores denominan el "dulce orgullo" de Costa Rica, mientras que expertos costarricenses en gestión ambiental lo califican como una verdadera "vergüenza nacional".

Algunos titulares como el de esta nota de la Revista Dominical de La Nación del 2012, "El dulce amargo de la piña", reflejan bien esta dualidad, así como un documental también producido en Costa Rica en el 2008 titulado "El amargo sabor de la piña" (véase parte I y parte II).

No obstante, en el exterior, los sitios especializados en el comercio equitable y en prácticas agrícolas sostenibles, al referirse a la piña costarricense, utilizan términos mucho más duros, como por ejemplo "le désastre socio-écologique" (véase nota del 2017 de este sitio en francés), o bien esta nota de un sitio muy visitado como Beurk (Francia) titulada: "Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon !".

Un breve rastreo en la red con los términos "piña, Costa Rica, derechos humanos" indica, que desde la perspectiva de los derechos humanos, la piña costarricense está también generando una creciente preocupación, tanto dentro como fuera de Costa Rica.

Nótese que desde el mismo Estado, algunos estudios producidos como este del año 2009, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), omiten mencionar a la piña entre los cultivos más dañinos para el ambiente (véase Cuadro 20: Actividades agropecuarias que más impactan negativamente a los recursos naturales, página 257).

Las líneas que siguen no pretenden sino reunir algunos datos, enfocándose más que todo en la actitud de las autoridades costarricenses con relación a la piña en los últimos 10 años.

Fotografía del foro. Escuela de Salud Pública, 2017.



El mercado mundial de la piña MD-2 producida en Costa Rica: breve puesta en contexto

Como recientemente confirmado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, la piña de exportación requiere del uso de sustancias sumamente dañinas para la salud humana (véase nota de La Nación titulada "Piñeros usan plaguicidas muy tóxicos, según estudio" de junio del 2017). La variedad "Sweet Gold" o MD-2 que se ha impuesto en el mercado internacional desde mediados de los años 2000 se produce gracias a un "paquete tecnológico" que incluye estos componentes químicos, que absorben tanto la planta como los suelos. Las variedades anteriores "Hawaiana" o "Cayena" que circulaban en el mercado mundial han sido desplazadas por la piña MD-2 desde hace unos 10 años. Costa Rica es el exportador número uno a nivel mundial de piña fresca desde el 2008. Según el Top-5 al 2014 (datos del informe de la UNCTAD), el mercado mundial de la piña se "reparte" de la siguiente manera:

Costa Rica: 2 126 929 - Philippines: 461 856 - Panama: 67 038 - Ecuador: 57 380 - Honduras: 51 258 - Mexico 41 271 - (las cifras corresponden a las toneladas de piña exportada, según la tabla 3, p. 13).

Como se puede apreciar sumando las toneladas de sus cuatro competidores más cercanos, se llega a una cifra (678.105) que corresponde a menos de un tercio de lo que exporta Costa Rica.



La salud pública ante las sustancias químicas usadas para producir la piña "Sweet Gold" o MD2

En algunas de las intervenciones presentadas durante este foro, se específicó el tipo de sustancias químicas que se usa para producir la piña exprotada desde Costa Rica, entre ellos el Bromacil y el Paraquat: esta última sustancia fue objeto de una prohibición por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en julio del 2007 (véase comunicado de prensa de la CJUE). A raiz de esta decisión, una transnacional declaró que suspendería el uso del Paraquat en todas sus operaciones en el mundo, con una sola excepción: Costa Rica (véase nota titulada "Dole Announces that it will Discontinue the Use of Paraquat in its Agricultural Operations"). Pese a la fecha indicada de junio del 2008 por la transnacional para suspender el uso de esta sustancia en Costa Rica, y la indicación que se mantendría hasta el 2012 el uso del Paraquat para erradicar la mosca de establo (ver el mismo comunicado actualizado por la transnacional), Costa Rica sigue importando grandes cantidades de Paraquat que se vierten en los campos de piña.

El Diurón y el Bromacil son herbicidas extremadamente persistentes: por ejemplo, en Europa se usan para mantener libres de malezas las vías férreas. Con relación al Bromacil, las denuncias han sido muchas en Costa Rica desde el 2007, año en que se constató su presencia en el agua para consumo humano en El Cairo y Milano de Siquirres, generando una verdadera tragedia para más de 6000 pobladores. Desde entonces, muestreos en esta zona detectaron la presencia de esta sustancia en los acuíferos, denotando el carácter altamente persistente de este compuesto químico en una zona tropical como la de Siquirres. Nótese que el costo de enviar diariamente camiones cisternas enviados por las autoridades desde el 2007 ha sido asumido por el Estado costarricense. En su momento (2009), la máxima autoridad de la cartera de salud de Costa Rica se expresó en los siguientes términos:

"Les damos agua en cisterna porque la gente tiene miedo de tomar la del lugar, y la psicosis ha sido tal, que hasta asocian manchas en la piel que son producidas por un hongo, diciendo que se bañaron en agua con bromacil" (véase nota del Semanario Universidad).

Figura sobre valores de Bromacil en el agua destinada al consumo humano en Milano de Siquirres, extraída de esta nota titulada "Piña y sistemas hídricos: relación delicada. Especialistas analizan fenómenos ambientales, sociales y económicos del cultivo" (sitio oficial de la UCR, 2013)

Cansadas de esperar que el Estado las provea con un nuevo sistema de agua potable, pese a una orden que le hizo el mismo juez constitucional en el 2009, las comunidades de Siquirres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo del 2015 para hacer ver cuán "pronta y cumplida" es la justicia en Costa Rica cuando de comunidades afectadas por la piña se trata (véase nota de pensa).

El 24 de mayo del 2017 se aprobó finalmente un Decreto Ejecutivo en Costa Rica sobre la prohibición del Bromacil (véase texto del decreto sobre "prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3- sec-butyl-6-methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio"). La lectura de los considerandos de este decreto resulta de interés para apreciar cuanta preocupación genera esta sustancia en las autoridades: de mayor interés consistiría saber a qué se debe este súbito interés y porqué tardaron tanto en prohibir su uso en Costa Rica.

En el informe que presentó la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos en el 2009, a raíz de su visita en Costa Rica (véase informe, Documento A/HRC/12/24/Add.1) se indica que:

"85. The independent expert recommends that Costa Rica adopt, as a matter of priority, the draft executive decrees regulating the use of Bromacil and Diurón in agricultural production".

En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unida en Ginebra circuló una nota oficial (HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009). El punto 4 de esta inusual misiva precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta internacional, entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del Estado.

Más allá de la extraña sensación de unísono entre el sector piñero y el Estado costarricense desde el 2007, es de notar el carácter urgente con el que la Experta Independiente de Naciones Unidas, Catarina Albuquerque, recomendó a Costa Rica regular el uso de estas dos sustancias en el año 2009, sin que ello motivara mayormente a sus autoridades a acatar esta recomendación. A la fecha, el diurón no ha sido objeto de algun tipo de regulación para restringir y limitar su uso.

Finalmente, es de señalar que en en mayo del 2014, Costa Rica prohibió parcialmente mediante Decreto Ejecutivo el uso del Carbofurán: la única excepción la constituyen los cultivos de piña (y de banano). En el texto del Decreto 38713 (ver texto completo) el considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”.

Por su parte el considerando 8 textualmente se lee así: "8º— Que para el control de plagas en el cultivo de piña existen alternativas, químicas y no químicas, que actualmente dan buenos resultados, presentando éstos una disminución de la carga química, en comparación con el uso del carbofurán; a excepción de lo que se presenta para el control de la plaga denominada caracoles Opeas pumilium, para lo cual la única alternativa química autorizada actualmente es el carbofurán".

Sobre las características del Carbofurán se lee en este estudio del 2012 publicado en Argentina que:

"Su solubilidad en agua, aunque no tan elevada, le confiere el potencial suficiente de contaminación inmediata de una gran variedad de recursos hídricos. Es de esta manera como las inundaciones de los campos fumigados con Furadan, han causado mortandad de especies que no eran objeto de control.La combinación de esta propiedad con su baja adsorción en suelos, le permite tener alta movilización y alcanzar las napas freáticas" (p. 2)

Además del Paraquat, del Bromacil, del Diurón, del Carbofurán, otros componentes químicos son necesarios para obtener éxito exportando la variedad "Sweet Gold" o MD-2: en el anexo XII, página 57 de este documento, se detalla la lista de todas las sustancias químicas requeridas.



Los químicos detrás de la piña: una onda expansiva de daños

Estas y muchas otras sustancias químicas son necesarias para producir la variedad Sweet Gold en Costa Rica. Su primera manipulación recae en los trabajadores en las piñeras. Existen pocos estudios sobre las diversas patologías asociadas a la ingesta o exposición a estas sustancias. Las autoridades de salud en Costa Rica deben poseer información proveniente de los diversos centros de salud regionales, sin que esta haya trascendido mayormente. No se conoce de algún estudio realizado por el gremio de la salud pública que haya sido divulgado sobre el particular. En ese sentido agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para remitirnos alguna información existente que no haya dejado rastros en la red (lo pueden hacer enviándola al siguiente correo: cursodicr(a)gmail). En un reciente reporte sobre la insuficiencia renal en los trabajadores agrícolas en Costa Rica, se lee que: "El problema en la piña es que la mayoría de los trabajadores son migrantes que luego vuelven a su país de origen, en este caso Nicaragua, y no se registran aquí.".

El daño ocasionado por una finca en la que se produce piña tiende a expandirse rapidamente. En latitudes tropicales, la escorrentía concentra paulatinamente estas sustancias químicas en los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos. A los problemas de salud que pueden causar estas sustancias a quiénes estan expuestos a ellas a diario (los trabajadores en el campo), se añaden los problemas que derivan de la contaminación de suelos y de aguas así como del aire (para las comunidades circundantes), la pérdida de cobertura boscosa y de la biodiversidad, así como el aumento del factor erosión de los suelos (para la región y el país en sí).

Como indicado, ante la inexistencia de estudios y diagnósticos sobre las dolencias asociadas a estas sustancias químicas, no se sabe cuál es el alcance de los daños en la salud humana de las comunidades. El Estado costarricense se ha mostrado particularmente omiso sobre el particular, causando una entendible indignación por parte de las comunidades expuestas a estas sustancias.

Precisamente, en este comunicado del 2011 del Frente de organizaciones contra la expansión piñera (FRENASAPP), se lee que:

"Esta situación ha evidenciado la falta de respuesta por parte de las instituciones públicas en detrimento del derecho humano a la vida, a la salud, a un ambiente sano, al acceso al agua y al trabajo digno de las comunidades afectadas. No se han realizado tan siquiera los estudios pertinentes que determinen el riesgo o el daño que le causa a las comunidades aledañas la exposición a agroquímicos durante un tiempo prolongado, por lo que no se conoce la magnitud de la problemática. Sin embargo, las comunidades afirman que han notado una mayor incidencia en problemas gástricos y de la piel, así como cáncer y otras enfermedades como malformaciones".

En un voto particular del 2016 del magistrado Fernando Cruz Castro, miembro de la Sala Constitucional (y cuya lectura recomendamos), se lee que: "Existen muchos indicios y estudios sobre los daños que ocasiona el cultivo de la piña en las comunidades cercanas al área de cultivo. La respuesta institucional es muy lenta, según informaciones periodísticas, el Tribunal Ambiental Administrativo tiene cuarenta y cuatro casos relacionados con cuestionamientos ambientales al cultivo de la piña, el más antiguo data del 2001 y aún no los ha terminado con una sentencia. Mientras tanto los daños ambientales tan graves, siguen esperando una respuesta. La mayor parte de esos casos tienen relación con la afectación del recurso hídrico, invasión de áreas protegidas, cambio de uso de suelos, daños graves a humedales o a nacientes" (véase voto particular del magistrado Fernando Cruz que acompaña la resolución 2016-11545, en el que se desmarca en forma solitaria de sus seis colegas renuentes a validar una moratoria municipal votada de forma unánime para nuevas plantaciones de piña en el cantón de Los Chiles en la Zona Norte).

La riqueza de la biodiversidad de los suelos que se destruye con estas sustancias es un ámbito poco estudiado, así como la proliferación de ciertas plagas debido al desequilibrio que crea la aplicación periódica de estos componentes químicos en el país, entre muchos otros. Los níveles de precipitación y la escorrentía aumentan siginificativamente la dispersión de estas sustancias en los cuerpos de agua superficiales cercanos, mientras que la absorbción de los suelos impacta a mediano plazo, las aguas subterráneas.

En otras palabras, la producción de la piña tiende a provocar daños que rebasan los límites de las fincas en las que se produce: este costo no es asumido por el sector productivo, y las autoridades nunca le han ordenado compensar mediante algun fondo o fideicomiso esta larga cadena de daños que a la fecha no se han debidamente estudiado, ni mucho menos cuantificado. Sobre este último punto, la economía ambiental posee instrumentos modernos para determinar el costo exacto de los impactos causados por este monocultivo, y causa extrañeza que sus especialistas no hayan visto en la piña de exportación costarricense un terreno fértil para aplicarlos.

Foto extraída de nota de prensa del Tico Times (2017) titulada "Environmentalists demand halt to pineapple expansion"

Cabe precisar que desde el exterior, las regulaciones se limitan al producto importado como tal: el único interés de los Estados importadores de piña MD-2 se centra en los valores máximos de residuos que pueda contener la pulpa de la fruta comercializada. Por ejemplo, en las conclusiones de la Misión SANCO de la Unión Europea del 2009 a Costa Rica, se puede leer que:

"However, the progress made since 2006 with the development of the official pesticide control system and the self-controls of food business operators generally provide assurance that fruit exported to the EU complies with EU legal limits for pesticide residues" (véase informe de misión, p.11).

Todos los demás aspectos sociales, ambientales y laborales relativos a la piña de exportación son dejados por fuera de las evaluaciones/auditorías periódicas a las que es sometida Costa Rica.

Nótese que la Misión Sanco del 2009 significó una gran presión a las autoridades costarricenses y al sector productivo, evidenciando súbitamente su interés por buenas prácticas agrícolas. A tal punto, que un artículo de opinión se tituló: "Una visita que mueve más de mil denuncias. Es evidente que a los auditores europeos los llevan a ver lo que le conviene a Canapep". Su autora, la jurista Gabriela Cuadrado, concluyó su artículo señalando que: "Mención aparte merece el papel de las instituciones del Estado, hoy muy preocupadas y hacendosas por esta auditoría, pero que han prestado oídos sordos a los clamores de las comunidades afectadas, que no han hecho cumplir la legislación vigente y que han permitido un crecimiento no planificado de esta actividad, cuyos impactos negativos son evidentes para la gran mayoría de costarricenses, aunque a los auditores europeos los lleven a ver solo lo que les conviene a los auditados".



Un vehemente llamado de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2008 desoído por las autoridades costarricenses

Ante la serie de daños reportados y la actitud complaciente de las autoridades, el Consejo Universitario de la UCR había adoptado un pronunciamiento en diciembre del 2008, exigiendo una moratoria nacional para nuevas plantaciones de piña en Costa Rica hasta tanto no se reforzaran las capacidades técnicas y fiscalizadoras del Estado (véase texto completo del pronunciamiento). En la parte final, el Consejo Universitario declara:

3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:

a. Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.

b. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.

c. Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país
".

Características de algunas componentes químicos usados en las plantaciones de piña, extraída de esta nota de una científica británica de junio del 2017 titulada "Phasing Out Highly Hazardous Pesticides in Costa Rica" (Pesticide Action Network, UK)

Pese a provenir de la máxima instancia de la UCR, las autoridades de la administración 2006-2010 hicieron caso omiso a estas advertencias, al igual que las de la administración 2010-2014. Estas últimas se mostraron particularmente complacientes con el sector piñero, al punto de solicitar a un ente técnico, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) que levantara medidas cautelares contra varias empresas piñeras denunciadas en la Zona Norte: la solicitud provinó directamente de Casa Presidencial (véase nota de prensa).

Las actuales autoridades que iniciaron su gestión en mayo del 2014 tampoco se han mostrado mayormente receptivas a este llamado hecho por la UCR en diciembre del 2008.

La legislación ambiental vigente en Costa Rica fue "adaptada" para favorecer la expansión de la piña: en el año 2009, fue la Secretaría Tecnica Nacional para el Ambiente (SETENA) la que adoptó un instrumento - siempre vigente al 2017 - que exime a las piñeras de la presentación previa y obligatoria de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Leemos en este artículo del 2011 titulado "La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña" y suscrito por un Ex Secretario General de la SETENA que:

"La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa".

Se trata de un interesante caso en el que el principio precautorio, un principio básico del derecho ambiental, se desaplica. Como lo veremos a continuación, no es esta la única figura jurídica del derecho ambiental vigente en Costa Rica que las autoridades optan por no aplicar a la piña.

Esta ausencia de EIA previo explica, entre muchos otros, el escándalo provocado por una viabilidad ambiental para más de 600 hectáreas de piña en la Zona Sur de Costa Rica aprobada en diciembre del 2016 (véase texto de la resolución) con base en el formulario más sencillo que tiene la SETENA: el formulario D-1 (véase nota de prensa sobre la revocación de los permisos por parte de la misma SETENA ante la movilización de las organizaciones sociales y la indignación causada). En este caso además, se evidenció la total desprotección de los vestigios arqueológicos que significa un D-1 (véase nota de prensa). No debe ser la primera vez que una vabilidad ambiental es dada en una zona con vestigios de alto valor arqueológico, por lo que es muy probable que gran parte del patrimonio arqueológico haya sido removido en el caso de piñeras situadas en otras zonas. Sobre el alcance extremadamente limitado del D-1, remitimos al lector al artículo de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla, titulado: "¿Qué es un D1 de arqueología y cómo determina las decisiones sobre el patrimonio de Costa Rica?".

Para indignación de muchos, el tema de los efectos negativos de la piña en la Zona Sur es persistente: una reciente nota informativa de la UCR indica que desde el 2014, sus investigadores han detectado en el humedal Sierpe-Térraba Bromacil y otras sustancias químicas que se usa en piñeras.

Sea el Sur, sea el Norte, los daños son notorios, las evidencias que recogen los proyectos de investigación de las universidades contundentes: un parco aparato estatal pareciera no obstante incapaz de querer modificar esta verdadera concatenación del daño.

A casi 10 años, este pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR se mantiene de una sorprendente actualidad, que viene además a confirmar el Indice de Desarollo Humano (IDH) medido a nivel cantonal: los cantones piñeros se mantienen con lo peores índices en Costa Rica. Según se indica en este artículo de Alexa Obando Campos sobre los cantones piñeros de la Zona Norte, en el caso de Guatuso y Los Chiles, el IDH se desmejoró (véase tabla ubicada al final).



La piña ante una peligrosa deriva del juez constitucional

En el caso específico del cantón de Los Chiles, una cuestionable decisión de la Sala Constitucional en agosto del 2016 anuló una moratoria municipal que causó una profunda indignación (véase nota de prensa).

Lo cuestionable radica en el hecho que, en el pasado, la Sala había validado moratorias municipales en materia de minería química a cielo abierto, para la instalación de nuevas torres de telefonía celular y demás actividades consideradas por un Consejo Municipal como dañinas para el cantón. A diferencia de las primeras moratorias municipales de este tipo contra la piña adoptadas para Siquirres y Guácimo, esta moratoria de Los Chiles fijaba un plazo preciso de cinco años, por lo que se trataba de una prohibición provisional.

De siete magistrados, sólo uno, el jurista Fernando Cruz Castro, salvó el voto, indicando, entre muchos otros elementos probatorios públicos y notorios sobre los efectos negativos de la piña desatentidos por las autoridades nacionales y por la justicia ambiental, que:

"7- Ante las amenazas al ambiente, a la salud y al acceso al agua, el gobierno local está legitimado para dictar una medida temporal que permita evaluar los efectos de una actividad agroexportadora que podría ser dañina para los habitantes de la comunidad. Una actividad empresarial no puede desarrollarse puede provocar serios daños sociales e individuales. En este caso hay un posible daño a terceros, en este caso, toda la comunidad, que justifica un control temporal para reducir los riesgos de daños medio ambientales o a la salud. En la ponderación de bienes, dada la gravedad de las amenazas, se justifica una medida transitoria que evite graves daños a los ciudadanos, limitando temporalmente la libertad de empresa" (véase voto 11545-2016 de la Sala Constitucional del 12/08/2016).

Unos pocos meses después (febrero del 2017), la Sala Constitucional en un asunto ajeno a la piña (pero relacionado con el agua), abriría un peligroso precedente al declarar que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). Esta tendencia regresiva del juez constitucional va más allá al ir cerrando o limitando progresivamente el recurso de amparo en materia ambiental: como bien lo advierte el jurista Mario Peña Chacón en este artículo de opinión:

"De ahí que su cierre total o su limitación irracional podría constituirse en una nueva regresión jurisprudencial y abrir las puertas de la justicia interamericana".

Con ambas decisiones, la Sala procede a una peligrosa deriva regresiva, confirmando que el "clima de negocios" tiene cada vez más adeptos entre sus integrantes.

Foto extraída de nota titulada "Toxic pesticides on Costa Ricas plantations" (Swedwatch, 2012)



El mutismo oficial como herramienta de comunicación

Los informes del Estado de la Nación, año tras año desde el 2008, incluyen referencias a los daños y al aumento de las denuncias que provoca la piña en Costa Rica, así como a algunas extrañezas que, salvo error de nuestra parte, no parecieran haber causado sonrojo alguno por parte de las autoridades mencionadas ni mucho menos generado explicación alguna. Por ejemplo, con relación a las comunidades de El Cairo y MIlano en Siquirres, se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que:

En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).

El mutismo de las autoridades costarricenses sobre los efectos negativos de la piña no debe sorprender. En un reciente artículo de opinión de setiembre del 2017, un experto costarricense en gestión ambiental, el Dr. Allan Astorga, reiteró una pregunta formulada en el 2011 al mismo Director de Aguas del Ministerio de Ambiente, que lleva seis años sin reponderla:

"En el 2011 tuvimos la oportunidad de plantear al siempre Director de Aguas del MINAE las siguientes preguntas, sin respuestas a la fecha: "¿Podría tal vez don José Miguel explicarnos, por ejemplo, qué ha hecho su Ministerio, para, en coordinación con el MAG y el Senara, evitar que se repita el desastre ocurrido con los acuíferos en el Cairo y Milano de Siquirres debido a la contaminación de plaguicidas por las plantaciones de piña alertada desde el 2005 por la UNA y confirmada en julio del 2007 por el Ministerio de Salud? ¿Dónde consta algún protocolo MAG/Minae/AyA/Senara al respecto para evitar, a modo preventivo, que se repita esta tragedia en otras partes del país? ”.

Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada "Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela" (Octubre 2017, Surcos Digital).



Una cadena de daños ante una expansión insensata del cultivo de la piña

A los problemas causados por la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de la riqueza biológica de los suelos, la contaminación del aire que se respira y que deriva en problemas para las comunidades aledañas, el aumento del factor erosión que produce la piña (con la consecuente sedimentación de los ríos y quebradas cercanos), el desplazamiento de los pequeños agricultores que cultivan granos y hortalizas, se añade otro problema que afecta gravemente a quiénes deben convivir con muchas piñeras: el mal manejo de los rastrojos de la piña causa la proliferación de una mosca, la mosca de establo, afectando directamente a los ganaderos costarricenses (véase nota del Semanario Universidad del 2012). Nótese que un Boletín de Parasitología del Ministerio de Agricultura (MAG) advertía del riesgo de proliferación de esta mosca con relación a la piña: su fecha de edición es del año 2003.

En este nota del 2016 de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), se menciona un proyecto con material nuclear para intentar erradicar esta plaga en Costa Rica, cuyo alcance no ha trascendido mayormente en medios de prensa nacionales (véase nota en inglés de la AIEA).

Con relación al TOP-10, según los mismos datos de la UNCTAD precitados (véase informe), el mercado mundial de la piña (cifras al 2014) en el que destaca la posición privilegiada de Costa Rica arroja las siguientes cifras:

Costa Rica: 2 126 929 - Philippines: 461 856 - Panama: 67 038 - Ecuador: 57 380 - Honduras: 51 258 - Mexico 41 271 - Côte d'Ivoire: 33 976 - Ghana: 33 175 - Guatemala: 25 091 - Malaysia: 23 585.

En el 2009, un interesante artículo publicado en El Financiero titulado "Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas" ya advertía del aumento vertiginoso de la piña constatado a partir del 2007.

Para el 2016, la piña generó a Costa Rica más de 900 millones de US$, contra 822 millones registrados anteriormente, con cuatro transnacionales al frente que controlan gran parte de la producción y los circuitos de comercialización (véase nota de prensa). La adquisición y compra de empresas nacionales por parte de transnacionales de la piña inició en el 2008 (véase nota sobre adquisición de 3000 hectáreas de piña), y se ha mantenido desde entonces. En este número especial de la Revista Ambientico (UNA) del 2008 se lee que:

"Según estudios del mismo CNP, hay cerca de 1.200 pequeños productores dedicados a la piña, produciendo alrededor del cuatro por ciento del total, que oscila entre 7 y 10 millones de toneladas métricas por año. El resto lo producen las grandes compañías, o sea, la riqueza generada por la piña queda mal distribuida" (p.3)



Empleos generados por la actividad piñera y discurso oficial

Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica, presentados por el sector productivo y por las autoridades como una justificación incuestionable para expandir la producción, en el 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por las cadenas de supermercados alemanes con base en un informe que detalla la condiciones inhumanas que prevalecen ("inhumane conditions which prevail") en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado "Sweet fruit, bitter truth").

Este informe ha generado algunas dudas en Costa Rica, que no han provocado mayor reacción por parte de las entidades a cargo del tema laboral (su poca divulgación en medios de prensa nacionales puede en parte explicarlo).

De manera a ir paulatinamente aclarando el panorama, sería de cierto interés conocer cuántos de los "miles" de trabajadores (que según sus promotores, genera la actividad piñera) estan debidamente registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Las comillas usadas refieren a la ausencia de datos duros: en el 2009, mientras CANAPEP refería a 23.000 puestos de trabajo, las autoridades de Comercio Exterior referían a 7.000 puestos generados por la piña. Nos permitimos hacer ver esta notable discordancia numérica en su momento, sin causar aclaración o rectificación alguna por parte de alguna entidad (véase nota de El Financiero).

Además del problema cuantitativo, los trabajos que genera la actividad piñera han sido cuestionados desde el punto de vista calitativo. Informes como este del 2009 elaborado por ICCO denuncian la ausencia de derechos sindicales en las plantaciones de piña de Costa Rica (véase informe). En un informe aupiciado por la Fundación Bandera Ecologíca y Swedwatch del 2013, se lee que:

"Las empresas locales productoras de piña deben bajar los costos de producción para poder funcionar con los precios impuestos por los intermediarios y ésto lo logran evitando pagar las cargas sociales (que implican para el patrono hasta un 32% sobre los salarios nominales de los trabajadores); en otros casos (como el de AGROMONTE), las empresas reducen costos evadiendo el pago de horas extras. De igual manera, muchas empresas buscan ahorrar en costos de capacitación, siendo esta práctica especialmente contraproducente por el uso eventual de agroquímicos y fertilizantes de forma desmedida" (p.5).

En el 2011 se pudo leer en este reportaje del Semanario Universidad sobre las condiciones laborales en algunas piñeras que:"Matándome puedo sacar ¢90.000 por quincena". De la entrevista a la misma operaria se indica que: "Ella también ha sido testigo de cómo se contrata a inmigrantes nicaragüenses sin documentos, a quienes en ocasiones se les pagan salarios mucho menores al mínimo y los mantienen con la amenaza de llamar a Migración, para que los devuelva a su país".

Ante esa realidad escazamente divulgada en medios de prensa masivos, el discurso oficial se ha mantenido desde el 2006 sin mayor variación con relación a los beneficios de la piña para Costa Rica. Pese a un gabinete que asumió en mayo del 2014 varios compromisos con el sector ecologista, y que se compone en parte por ex profesores universitarios de la UCR, los cambios en el discurso son imperceptibles cuando de piña se trata. En el 2016, se leyó por parte del actual titular de la cartera ministerial en materia agrícola en Costa Rica que:

"se trata de una actividad que “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de empleos de calidad” (sic.)

(véase nota del Semanario Universidad titulada "Moratoria piñera es deuda del gobierno").

En marzo del 2017, al informarse del cese del Embajador de Costa Rica en China (véase nota de CRHoy), se leyó en esa misma nota, por parte del actual Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor de círculos sociales y académicos en Costa Rica:

Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).

A modo de conclusión: un nuevo foro al que no asisten quiénes promueven la piña de exportación

Los errores cometidos con la MD-2 en la región de Siquirres en el año 2005 no parecieran haber dado lugar a rectificaciones por parte de las autoridades. El acueducto de Veracruz en Pital de San Carlos en el 2016 así lo confirma, con seis de siete nacientes contaminadas (véase nota de La Nación). Ante la ausencia de zonificación para prohibir la expansión de la piña en zonas vulnerables en Costa Rica, ¿cuántas fuentes de agua para consumo humano contaminadas siguen abasteciendo a pobladores en ausencia de un monitoreo permanente? Esta pregunta (y muchas otras) es válida, ante la poca capacidad del Estado para proceder a estudios fisico-químicos periódicos del agua declarada potable: en efecto, mucha de esta agua es declarada potable con base en un único análisis bacteriológico, realizado por el operador, sea este local (ASADA), cantonal (Municipalidad), o nacional (AyA).

Los organizadores del foro realizado en el auditorio de la Escuela de Salud Pública de la UCR invitaron a representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), del Sistema Nacional de Areas de Conservarción (SINAC) y del Ministerio de Ambiente (MINAE), quiénes optaron por declinar enviar a un expositor. En ocasiones anteriores esta ausencia fue también la tónica: a modo de ejemplo entre muchos, el título de esta nota ("MINAET rehuye debate sobre Caño Negro en Universidad de Costa Rica"), refiere a la ausencia del MINAE a un foro realizado para analizar la situación de un humedal como Caño Negro, declarado de importancia mundial (humedal RAMSAR); esta otra nota titulada "Salud rehuye debate sobre agua potable y contaminación de piñeras en Siquirres" remite a un foro sobre el agua en Siquirres en el que las autoridades de salud rehuyeron también el debate. En el 2013, el rehuir el debate sufrió una leve variación, al considerar oportuno un funcionario del MAG, una vez concluída su exposición, retirarse abruptamente de un foro sobre la piña, convocado esta vez por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) ante el estupor de sus tres integrantes y los presentes (véase artículo titulado "Costa Rica: Funcionario de Agricultura huyó de Foro sobre efectos negativos del cultivo de piña" disponible aquí).

El video del foro realizado por la Escuela de Salud Pública de la UCR está disponible desde ya en su integralidad en este enlace de YouTube y evidencia el interés del público presente en ahondar y profundizar las aspectos expuestos.

Desde el punto de vista político, el tema ambiental no parece ser tema de campaña en Costa Rica. Precisamente en un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el día 24 de octubre, titulado "Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?", su autor, el Dr. Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y especialista en evaluación ambiental escribe con relación a la piña (véase texto completo del artículo):

"El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental".





Breve selección de artículos de opinión / notas periodísticas/ tésis y tesinas sobre el impacto social y ambiental de la piña de exportación (MD2 o Sweet Gold) en Costa Rica disponibles en la red:

ACOSTA PEREIRA E.(2008), "La Producción Piñera en Costa Rica: Un Análisis Integral de sus Implicaciones en el Cantón de Guácimo, Limón", Universidad EARTH. Texto de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, disponible aquí.

ACUÑA G., (2004), "Diagnóstico: situación y condiciones de la agroindustria piñera en Costa Rica". Informe elaborado por ASEPROLA. Texto disponible aquí.

AGENCIA EFE (2017); "Miles de hectáreas de ecosistemas arrasadas por industria piña en Costa Rica", Texto publicado en Diario Extra (costa Rica), y disponible aquí.

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